La investigación no se detiene. El presidente Guillermo Lasso solicitó, el pasado 25 de agosto a la Fiscalía General del Estado archivar las investigación contra cinco asambleístas de Pachakutik; a quienes calificó de "ladrones y corruptos" el pasado 24 de marzo por  exigir pagos indebidos a cambio de sus votos en la Asamblea. Ante esto, la Fiscal Diana Salazar en un oficio dirigido a Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura Del Estado, señaló que la investigación continuará su curso con total objetividad.

En detalle, el ente rector señaló que el delito denunciado por el presidente Guillermo Lasso y por el cual se inició una investigación en contra de los legisladores está en el catálogo de delitos que tutelan el bien jurídico de la “eficiencia de la administración pública”, donde la victima directa es el Estado. Por ello, explicó que, independientemente de que el denunciante sea un servidor público, la institución continuará ejerciendo sus atribuciones constitucionales y legales con total objetividad.

El 24 de marzo pasado, luego de que la Asamblea Nacional no aprobó la Ley de Inversiones, el mandatario hizo público un video en el que calificó de “ladrones y corruptos” a los legisladores, que le habrían “chantajeado” para dar sus votos a cambio de cargos en hospitales, empresas eléctricas, ministerios y hasta dinero.

Cinco meses después, Lasso remitió un documento a la Fiscalía General del Estado en el que pide el archivo de la investigación a los cinco asambleístas de Pachakutik acusados. En el cual justificó que “en vista del tiempo transcurrido y en virtud de las diligencias efectuadas” solicita parar la investigación a Rosa Cerda, Gisella Molina, Celestino Chumpi, Cristian Yauquilla y Édgar Quezada.