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Fiscalía inicia un nuevo proceso por el caso Sobornos

La exfiscal Patricia Morejón recibió cargos. Es sospechosa de posible tráfico de influencias

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Audiencias. En 2020, en plena emergencia sanitaria, se evacuaron todas las etapas del proceso por Sobornos.Archivo

La exfiscal de Guayas Patricia Morejón será investigada por 90 días por el posible delito de tráfico de influencias. El caso es derivado del de Sobornos 2012-2016 que involucró al expresidente Rafael Correa y 19 personas más, sentenciadas por cohecho agravado.

El nombre de la exfiscal apareció en chats de WhatsApp que habría intercambiado con el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, sentenciado a ocho años de cárcel y preso en Guayaquil.

La diligencia se cumplió ayer en la Unidad Judicial Albán Borja. Tras la audiencia, inició el proceso penal contra la exfiscal. Un juez le dictó prohibición de salida del país y presentación periódica, cada siete días, ante la autoridad.

El juez no dio paso al pedido de la Fiscalía de que se dicte la prisión con el argumento que la procesada tiene recursos económicos. El juez explicó que ese no es indicio para acceder a la prisión.

Los chats que involucran a Morejón fueron parte de un informe pericial efectuado al teléfono de Mera. Los mensajes se habrían intercambiado entre mayo, junio y octubre de 2017. En esos meses Morejón era fiscal del Guayas, mientras que Mera ya no era secretario jurídico de la Presidencia.

Mera es uno de los 18 sentenciados para quien este viernes a las 24:00 vence el plazo para que paguen más de 13 millones de dólares de la reparación integral dispuesta en la sentencia ejecutoriada. El incumplimiento desembocará en el embargo de bienes y de valores retenidos en las cuentas de los sentenciados.

Los únicos que pagaron fueron Alberto Hidalgo, 368.632,43, y Manuel Fontana, 778.224,17. Recuperar los más de 13,5 millones de la reparación integral no será muy fácil. ¿La razón? Sentenciados como Correa aparentemente no disponen de bienes para cubrir esos valores.

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Rafael Correa y 17 sentenciados por cohecho tienen hasta el viernes para pagar la reparación integral

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Según la Procuraduría, el expresidente y su esposa lo único que tienen es un usufructo vitalicio sobre la casa del conjunto residencial Serrín del Monte. En donde sí es copropietario de un departamento es en Guayaquil. En esa misma ciudad, Mera solo es copropietario de dos parqueos. Viviana Bonilla tiene también solo un parqueo.

El mandamiento de ejecución se ejecuta cuando hay con qué, si no hay no se ejecuta.

Marcelo Dueñas, abogado de Viviana Bonilla

En cambio, Vinicio Alvarado y su esposa son propietarios de la vivienda A 1 que forma parte del conjunto Portal del Sol II en Cumbayá y un lote de terreno en el Quinche.

El exvicepresidente Glas tiene dos departamentos y dos estacionamientos en Monteserrín. La exasesora Pamela Martínez es propietaria de un departamento en las calles Cordero y Tamayo. La Procuraduría dispone del detalle de todos los bienes sujetos a embargo.

El pasado 7 de junio ese organismo solicitó ya el embargo de las cuentas de los sentenciados. Informó que se procederá en idéntica forma para los bienes. Indicó que Rafael Córdova ha propuesto una fórmula de pago que será conocida en audiencia de ejecución.

Mientras que el heredero del fallecido Pedro Verduga ha solicitado que se notifique con el mandamiento de ejecución a los herederos.

La cifra

14,7 millones de dólares es la reparación integral que deben pagar los 20 sentenciados.