Fiscalia y Gobierno tropiezan por los aportes a Correa

Sorprendido. Así reaccionó el miércoles por la noche el secretario Anticorrupción, Iván Granda, ante una resolución de la fiscal (e) Ruth Palacios.

La funcionaria negó la apertura de un expediente para investigar los aportes al instituto de Pensamiento Político Eloy Alfaro, del expresidente Rafael Correa, que estarían sirviendo para “desestabilizar gobiernos”.

Para Granda, es sorprendente que en tiempo récord se descarte cualquier posible irregularidad vinculada al financiamiento de ese instituto sin que se haya solicitado información alguna.

La investigación previa es justamente la fase en la que se determinan si los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía reúnen las características de un delito que merezca el ejercicio público de la acción, recuerda el exfiscal Franklin Bravo.

Para el exfuncionario lo raro de esta decisión es que el día anterior Palacios ofreció iniciar “una investigación para esclarecer el supuesto financiamiento del Gobierno venezolano”. Pero pocas horas después de que Granda presentara la denuncia y la documentación, Palacios determinó que no se han configurado indicios de la presencia de una conducta típica y antijurídica en el Ecuador. Bravo cree que solo luego de una prolija investigación se podría decir si existe o no delito.

La supuesta ilegalidad fue advertida la semana pasada por el presidente Lenín Moreno en la cumbre desarrollada en Chile en la que se presentó la nueva organización Prosur, que ocupará el lugar de Unasur.

Culpó de esa situación a los expresidentes Rafael Correa y Nicolás Maduro de Venezuela.

Granda dijo que espera que esa celeridad aplicada a su denuncia sea la misma con la que se atiendan los más de 300 casos presentados por la Contraloría.

En redes sociales hubo comentarios en favor y en contra de la fiscal. Uno de los que apoya su decisión es Felipe Rodríguez. Él opina que la fiscal actuó correctamente. Explica que si la denuncia se presentó en los términos del anuncio que hizo Granda a los medios, evidenciando un perjuicio en cuantía de salarios de los venezolanos, lo que está diciendo es que se habría cometido el delito en Venezuela. Rodríguez considera que no todo lo que se ve en redes sociales debe denunciarse, especialmente cuando no existen fundamentos. Añade que en este caso “ante un show político, la fiscal respondió con una bofetada jurídica”. El abogado Nicolás Salas coincide con Rodríguez. Afirma que es básico determinar el lugar del cometimiento del delito y si no ocurrió en Ecuador “se hace obvio que es incompetente”.

Hay otras denuncias de corrupción

El exfiscal Fernando Lara opina que la denuncia es de fondos de otro país para una fundación que ha hecho estudios, asesorías y pagos. En Ecuador no existe delito. En Venezuela deberán investigar, añade.

Entre enero y febrero Iván Granda ha presentado al menos dos denuncias. Pidió que se investigue a los presuntos testaferros de Correa y el origen de 13,5 millones que provendrían de Odebrecht y que devolvió al Estado Tomislav Topic.