Cambios urgentes. A tres días de expedirse el instructivo para la selección de fiscales provinciales y agentes fiscales categoría 1, la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Diana Salazar, hizo un pedido específico para el cambio de mando en dos provincias de la región Litoral, lo que fue acogido por el Consejo de la Judicatura (CJ) de manera inmediata.

El martes 20 de julio de 2021, el pleno de la Judicatura resolvió sustituir el encargo que se otorgó al fiscal provincial de Los Ríos, Luis Germán Pesantes, quien fue reemplazado por Marcos Flores Calle. Mientras que Silvia Guanopatín Mendoza asumirá las funciones de Luis Alberto Caivinagua, en la provincia de El Oro.

Según el pedido de la fiscal general, "se ha podido evidenciar que los servidores que actualmente ocupan dichos cargos (Pesantes y Flores) han demostrado inacción en el cumplimiento de sus atribuciones, así como en el actuar hacia los hechos de connotación y conmoción nacional, por lo que se requiere refrescar dichas fiscalías y otorgar una nueva visión por parte de las autoridades provinciales antes citadas”.

De allí que solicitó se los reemplace con fiscales ubicados en la tercera categoría de la carrera fiscal, “que manifiesten idoneidad en el desempeño de sus funciones".

Son casos urgentes, señaló una fuente de la entidad, que no descarta se solicite en otras provincias.

Tanto Flores como Guanopatín son servidores judiciales de tercer grado de carrera fiscal, dijo la Judicatura en un escueto boletín de prensa, mediante el cual brindó "su respaldo de forma permanente a la Fiscalía General del Estado, que es un órgano autónomo de la Función Judicial, con el objetivo de fortalecer el servicio que brinda a la ciudadanía".

Un caso de connotación pública que se ha registrado en las últimas semanas sucede en el cantón Quevedo, Los Ríos, donde se investiga la captación ilegal de dinero a través de la empresa Big Money, de propiedad del exmilitar Miguel Ángel Nazareno, conocido como Don Naza.

Lo más reciente en la provincia de El Oro y que fue de connotación pública, tiene que ver con la decisión que tomó un tribunal Penal que ratificó la inocencia de los hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla, además de otras ocho personas naturales y jurídicas, dentro del juicio de lavado de activos que se investigó desde Quito.