Finanzas ofrece pagar 230 millones a las prefecturas hasta fin de mes

La oferta del Gobierno es cancelar parte de la deuda que tiene con las prefecturas hasta fin de mes. Se transferirán los recursos correspondientes a enero.

Serán 230 millones de dólares, dijo Gustavo Baroja, prefecto de Pichincha, presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales y militante de Alianza PAIS.

Él se reunió la tarde de ayer con el titular de Finanzas, Fausto Herrera. Mantuvieron una reunión, a puerta cerrada, en el despacho ministerial. También participó la secretaria de la Política, Paola Pabón.

“Habrá un alivio a fin de mes. En abril, si los ingresos suben, se pagará febrero y marzo. Solo quedaría pendiente abril”, explicó. Él además llegó con otros pedidos.

¿Qué planteó? Primero, una moratoria de las deudas que las prefecturas tienen con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Banco del Estado y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Segundo, una reforma legal para que los organismos provinciales no tengan que pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Baroja entregó un oficio con esos planteamientos a los delegados del Ejecutivo. Y lo hizo justo cuando sus colegas de otras provincias cuestionaron su gestión al frente del Consorcio. Son 12 prefectos que se autoconvocaron en un hotel de Quito.

Los representantes de Napo, Pastaza, Morona Santiago, Sucumbíos, Zamora Chinchipe, Orellana, Esmeraldas, Carchi, Loja, Azuay, Cotopaxi y Bolívar exigen el pago inmediato de 140 millones de dólares.

Ellos quieren también que los Títulos del Banco Central sirvan para pagar al IESS, Banco del Estado y SRI. También apoyan una moratoria.

A mediano plazo, su estrategia pasa por el plano legal. El 6 de abril presentarán una demanda de inconstitucionalidad en contra de las resoluciones del Consejo Nacional de Competencias. Según ellos, el organismo incumple la Constitución porque les entrega competencias pero no los recursos económicos.

Y tienen su propia propuesta de Ley de Autonomía Tributaria: quieren que el dinero recaudado por impuestos se quede en las provincias. El texto irá a la Asamblea, ofrecieron, como iniciativa ciudadana.

Y cuestionaron a Baroja. Le dieron plazo hasta el 20 de abril para convocar a una asamblea general. Quieren debatir sus problemas. No descartan pedir su salida, pues dicen no sentirse representados.

Baroja minimizó los reclamos. Anunció que en 15 días llamará a esa asamblea. RRG