Una nueva jugada política. La falta de votos al interior de la Asamblea Nacional para allanarse o insistir en los textos del veto parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas, calificado de urgente en materia económica, determinó que las autoridades de la Legislatura dejen en el cajón el tema tras un intento fallido, hace más de una semana, por allanarse, en el que solo se alcanzaron 46 votos favorables de los 70 que se requerían, y esperar que, sin un tratamiento definitivo, entre en vigencia por el Ministerio de la Ley desde mañana.

El proyecto, de iniciativa del Ejecutivo y que es parte de normas que desde el Gobierno se plantearon para afrontar la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19, ha sido una de las propuestas más cuestionadas al interior del Parlamento, pues incluso cuando se aprobó en segundo debate, se lo hizo con el mínimo de votos, esto es 72 a favor. La aprobación es una de las reformas estructurales acordadas por Ecuador con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Esta situación volvió a enfrentar a quienes están en contra y a quienes la defienden. Sin embargo, las partes coinciden en que ahora es responsabilidad exclusiva del Gobierno su vigencia y su aplicación, así como reconocen que el no tratar nuevamente el tema es responsabilidad exclusiva del presidente de la Asamblea, César Litardo, quien tiene la facultad de poner o no el tema en debate nuevamente.

“El presidente de la Asamblea, en vez de nuevamente convocar a un reunión urgente a los miembros de la Comisión para volver a plantear el tema ante el pleno, lo dejó dormir. La intención es clara: que el tema no se trate, lo que es una barbaridad porque la Asamblea tiene la responsabilidad de hacerlo”, dijo a EXPRESO el asambleísta Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano.

Un criterio similar tiene el asambleísta Esteban Melo (RC), quien considera que eso es lo que se buscaba desde el Gobierno, que el tema pase como sea, a pesar de tener incluso vicios de inconstitucionalidad, ya que la norma implica dejar de lado la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de la seguridad social.

Criterios que no comparten quienes están de acuerdo con la ley, e incluso de que entre por el Ministerio de la Ley.

Gabriela Larreátegui (SUMA) señaló que la Constitución determina la posibilidad que la ley entre en vigencia por no pronunciarse. Según la legisladora, la propuesta del Ejecutivo es buena y el veto hacía precisiones que eran aceptables. “La aprobación de la ley fue difícil, y yo sí creo que fue por temas políticos, por el hecho de que fue enviada por el Gobierno, más que porque crean que la ley es mala”, dijo.

Desde el punto de vista de CREO, el proyecto es bueno, ya que ordena las finanzas públicas. Luis Pachala aseguró que la norma protege la autonomía de los GAD y la seguridad social, y dejó en claro que es responsabilidad del Gobierno su vigencia y aplicación. Reconoció que el tema quedo sin discutir por falta de votos.

De su parte, la asambleísta Ana Belén Marín (AP) es más optimista y cree que Litardo llamará para concluir el tratamiento de la ley. El plazo vence hoy a las 00:00; sin embargo, la ley determina que una convocatoria al pleno se hace con 48 horas de antelación, y no hubo ese llamado. Ella defendió la propuesta y considera que se buscó desdibujarla con el tema de las autonomías.

Para saber.

Deuda Pública.

A fin de determinar las acciones que deberán tomarse para garantizar el cumplimiento de la regla de deuda, y a su vez marcar una trayectoria coherente con el escenario económico actual, se determina que el techo de la deuda pública sea del 57 % al 2025, del 45 % al 2030 y del 40 % al 2032.

Manejo Fiscal.

Entre los aspectos que contiene la ley que se pondría en vigencia están: la autonomía presupuestaria, un seguro petrolero y minero de cobertura que protegería al país si los precios del crudo y de los metales caen por debajo de cierto umbral, y la creación de un Fondo de Estabilización.