Organizaciones indígenas, campesinas, ambientalistas y feministas de Ecuador se posicionaron este jueves 25 de enero en contra de las propuestas formuladas por el presidente Daniel Noboa para reducir el déficit nacional y lograr recursos para el "conflicto armado interno" que ha declarado contra el crimen organizado.

Entre las medidas propuestas por Noboa está el incremento del impuesto al valor agregado (IVA) del 12 % al 15 %, mientras que también ha sugerido la posibilidad de dilatar por un año el plazo de cierre y desmantelamiento del Bloque 43-ITT, uno de los principales yacimientos petroleros de Ecuador, conforme al resultado del plebiscito celebrado el año pasado para cesar esa explotación situada en el amazónico Parque Nacional Yasuní.

En una rueda de prensa, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, anticipó que recurrirán ante la Corte Constitucional y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cualquier intento de aplazar el cierre del Bloque 43-ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini). (LEE AQUÍ LOS DETALLES)

¿Qué dicen las feministas?

De su lado, Micaela Camacho, del colectivo feminista 'Cholas Valientes', advirtió "una falsa dicotomía que nos plantean entre el aumento del IVA y mantener la explotación del Yasuní-ITT mientras al mismo tiempo se perdonan deudas millonarias a los grandes empresarios".

"No puede existir una verdadera democracia ni libertad cuando se nos impone elecciones manipuladas similares a las relaciones violentas donde un agresor te fuerza a elegir entre opciones que te perjudican entre varias maneras", dijo Camacho.

"Nos negamos a financiar la guerra patriarcal y racista y denunciamos el 'paquetazo' económico encubierto como una respuesta frente a la crisis. Las élites proponen continuar la devastación ambiental aprovechando la crisis y seguir afectando a los intereses más vulnerables", añadió.

A inicios de enero, Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado al nivel de "conflicto armado interno" tras una oleada de violencia que incluyó motines en cárceles con unos 200 rehenes ya liberados y la toma de un canal de televisión, por lo que pasó a considerar a estas bandas criminales como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.

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