Faltan espacios para inhumar cadáveres de Criminalística

Dar cristiana sepultura a los cuerpos que reposan en los congeladores del Laboratorio de Criminalística es un reto para el personal de la Policía Nacional. Se requieren más espacios para este fin.

El 15 de diciembre pasado, recién la Unidad de Medicina Legal de la Zona 8 pudo inhumar 22 cuerpos, que faltaban por darles sepultura, correspondientes al 2022, en un cementerio ubicado en Los Lojas, una parroquia rural del cantón Daule. En total, en 2023, este departamento inhumó cerca de 130 cadáveres, correspondientes a los años 2021 y 2022.

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Estos cuerpos son cadáveres que no han podido ser identificados de manera tecnocientífica, así también que han sido identificados, pero no han sido retirados por sus familiares. Del 2023, faltan por sepultar el 6 % del total de cuerpos, más de 4.000, que ingresaron a la Unidad de Medicina Legal de la Zona 8 y de cantones aledaños de la provincia del Guayas, cuando las autoridades lo disponen, que corresponden a cadáveres, piezas, osamentas y fetos, indica Jorge Torres, jefe de la Unidad de Medicina Legal.

Cabe indicar que, cuando los cuerpos ingresan desmembrados, “cada pieza es considerada como un cuerpo”, aclara Torres.

Una de las excusas, comenta el funcionario, es que los cementerios privados indican “que ya nos colaboraron” con espacios, por lo que le toca a la Policía Nacional hacer estas verificaciones porque muchos han ampliado sus espacios, pero cuando les solicitan, de acuerdo con la ley, el 2 % del área creada, estos ya han sido vendidos y “nos dicen que no tienen espacios, por lo que estamos tratando que ellos tengan pendiente, al momento de construir, que deben donar el 2 %”.

Eso con los cementerios privados; con los públicos, señala Torres, le dicen que ya están copados estos tipos de espacios; aunque siempre hace un llamado para este tipo de cooperaciones legales.

Para Christian Quimí, abogado constitucionalista, experto en gobernanza y gobernabilidad, y docente de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, el Estado no debería estar rogando por estos espacios, sino que debería haber una cooperación interinstitucional, entre el Ministerio del Interior y los municipios de la Zona 8 (Guayaquil, Samborondón y Durán). Pero todo depende de la voluntad política.

Igualmente, el artículo 63 del reglamento para el manejo y disposición final de cadáveres también determina que “en caso de sobrepasar la capacidad de espacios asignados en los cementerios públicos y privados, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Distritos Metropolitanos y demás entidades competentes destinarán nuevos espacios públicos con la finalidad de garantizar la disposición final de los cadáveres”.

De acuerdo con el literal l) del artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, entre las funciones de los municipios está “prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista una explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio de víveres; servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios”. Por lo que el Ministerio del Interior podría solicitar bajo la figura de comodato un terreno para estos fines, donde invierta en la construcción de espacios para la inhumación de los cadáveres o se le reserve espacios de los cementerios públicos, ya que los Cabildos tienen la competencia de estos.

Otra de las soluciones, formula el abogado Jorge Velasco, es que el Estado invierta en la cremación de estos cuerpos y así, las cenizas puedan ingresar en los nichos. Por lo que es necesario que se destine un presupuesto para este tipo de proceso legal por parte del Ministerio de Salud, aún más con la cantidad de muertes violentas que el país ha venido registrando, sostiene.

EXPRESO consultó con las Alcaldías de Guayaquil y Samborondón sobre la capacidad que tienen los cementerios públicos para disponer espacios para las inhumaciones o qué acciones podrían tomar al respecto desde sus jurisdicciones; así como si estarían dispuestos a dar, bajo la figura de comodato, terrenos o espacios para que el Ministerio del Interior pudiera administrar y solucionar esta problemática, pero hasta el cierre de la edición no contestaron.

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