La extinta Asamblea Nacional dejó sobre la mesa varios temas por resolver, entre ellos el debate del proyecto de Ley Orgánica de Gestión Integral de Riesgos, Desastres, Endemia y Pandemia, un documento que busca dar soluciones a la forma de gestionar un desastre desde cada nivel administrativo de gobierno. 

La propuesta fue presentada el 24 de febrero de 2022, por el exasambleísta Raúl Molina, de Izquierda Democrática y su análisis estaba a cargo de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, encabezada por el entonces legislador, Ramiro Narváez.

Para los próximos meses se prevén lluvias en la Costa. Según el director de Oceanografía y Meteorología Marina, teniente Michael Linthon, la probabilidad de que el fenómeno de El Niño se presente este año en la Costa ecuatoriana es del 80%. Y si este se prolonga hasta diciembre y enero los estragos podrían ser grandes. Para ello la Secretaría Nacional de Riesgos mantiene en alerta amarilla en las 17 provincias que están expuestas a inundaciones, deslizamientos.

Cristian Torres, secretario de Riesgos, señala que ya están realizando trabajos preventivos con los municipios y los diferentes ministerios a fin garantizar alimentación, vialidad y salud durante los meses que suele presentarse este fenómeno climático. 

Entre las recomendaciones que el principal de Riesgos detalla para los gobiernos locales están establecer zonas de riesgo, limpieza de canales, fortalecimiento de muros y mantenimiento de alcantarillado pluvial ya que en comparación con el invierno de este año, el fenómeno de El Niño sería cinco veces más fuerte.

El proyecto de ley que se trataba en la Asamblea buscaba fortalecer la política pública de manejo y control de desastres de cualquier origen para reducir la vulnerabilidad de los ecuatorianos, ya que hasta la fecha se trabaja bajo un plan nacional desarrollado por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos.

Pero es necesaria una ley, así lo detalla Cristian Rivera, experto en Gestión de Riesgos, quien resalta algunos aspectos importantes en este proyecto. Como su naturaleza orgánica, misma que le permitirá abarcar varias aristas y puede ser elevada a política pública.

 También se contempla darle un “rol protagónico a cada uno de los niveles de gobierno, involucra desde la Junta Parroquial, hasta el Gobierno central bajo dos principios el de Subsidiariedad (garantiza un cierto grado de independencia respecto de una instancia superior) y complementariedad”, señaló Rivera.

 Aclara que esto permitirá trabajar de manera mancomunada desde la realidad de sus territorios, en el caso de los municipios deberán pensar la gestión de riesgos desde los planes de desarrollo y uso de suelo.

Incluso el proyecto “señala sanciones a los municipios que no actúen a tiempo en cuanto a prevención en las zonas de mayor vulnerabilidad y reubicación de viviendas”, indicó Patricia Núñez, exasambleísta de la comisión de Seguridad.

Otro punto destacado, según Rivera, es que esta ley apunta a la reducción de riesgos basada en la prevención, por lo que las acciones de las instituciones estarán basadas en la planeación y no solo en la respuesta.

Por su parte Núñez añade que “el trabajo de prevención nace desde la Subsecretaría de Tierras, entendiendo que la responsabilidad es repartida entre municipios y Gobierno central”.

Núñez y Rivera concuerdan en que el trabajo preventivo debe nacer también desde la ciudadanía. Rivera comenta que este punto se debería reforzar el proyecto de ley, pues a su juicio debería involucrar la participación de la población desde edad escolar hasta adultos mayores y considerar las personas con discapacidad.

Añade que mientras se eligen y posesionan nuevas autoridades legislativas, el Gobierno debe aplicar campañas de comunicación que ayuden a las personas a estar preparadas ante cualquier evento adverso.

La Secretaría Nacional de Riesgos recuerda a la ciudadanía que mantenga limpios los sumideros, alejarse de las zonas de riesgo y establecer un plan familiar de emergencia para que conozcan dónde resguardarse.