A casi seis años de la sentencia que recibió un grupo de policías, por la muerte de ocho personas dentro de una farmacia de Guayaquil, los implicados de a poco recuperan la libertad.

Ayer, otros tres exagentes de la Policía Judicial y del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) que fueron investigados en lo que se denominó caso González y otros (antes Dolores y Fybeca) lograron salir de la cárcel tras presentar un pedido de prelibertad.

La audiencia se instaló a las 11:00, en la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Carcelén de Quito, en la provincia de Pichincha, donde un juez de Garantías Penitenciarias acogió la documentación presentada por la defensa de los detenidos.

Billy Navarrete, secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), expresó su alerta por la tramitación del beneficio que presentaron los sentenciados. El activista hizo referencia al artículo 26 del Código de Ejecución de Penas y de Rehabilitación Social aplicado a ese caso y que señala los requisitos para lograr la prelibertad.

“En términos del justo derecho a la indemnización, repetición y considerando que los sentenciados han cumplido hoy apenas el 40 % de la pena que les fue impuesta, exigimos a la Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias niegue el pedido de prelibertad presentado por los procesados”, solicitó Navarrete un día antes.

Pero, al término de la diligencia, recibió la noticia. El juez concedió el beneficio a Héctor Fruto y Douglas Yépez “a fin de que cumplan y devenguen el tiempo faltante de su condena en libertad”. Ellos, fueron parte del grupo de uniformados que, el 19 de noviembre de 2003 realizó un operativo por un asalto en la farmacia Fybeca, de la ciudadela La Alborada. Al llegar “ocurrió la ejecución extrajudicial de 8 personas y la detención y desaparición de otras 3”, recuerda Navarrete.

El 6 de noviembre de 2014, un Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) sentenció a 16 años de reclusión mayor, por el delito de asesinato, a cinco de los 11 procesados en el caso. La sentencia también contempló una indemnizaciones de entre 186.000 y 224.000 dólares a los familiares de cuatro de las ocho víctimas que dejó el operativo policial. El 11 de noviembre de 2016 se ratificó la sentencia.

“Pese a que existe sentencia condenatoria ejecutoriada, hasta la presente fecha las familiares de las víctimas no han recibido la indemnización ordenada debido al dilatado proceso de recursos de apelaciones, nulidad, casación e inclusive un recurso extraordinario de protección en la vía constitucional, que fueron secuencialmente negados”, destacó Navarrete.

El 10 de diciembre de 2019, Dolores Vélez, viuda del pastor evangélico Carlos Andrade; y Dolores Briones, viuda del mensajero de la farmacia, presentaron un reclamo formal a la ministra de Gobierno y al procurador general del Estado por sus derechos a la reparación y repetición. Aún no reciben respuestas.

POSTURA

Cumplieron con la ley

El abogado Luigi García, quien está al frente de la defensa de los exuniformados, manifestó que “la directora del Centro de Rehabilitación Social donde estaban recluidos confirmó que cumplen los requisitos necesarios para acogerse a la prelibertad”. Es decir, ya habían cumplido el 40 % de la pena que señala el Código Penal anterior. Según el abogado, otro expolicía también obtuvo el beneficio ayer. Faltan otros dos sentenciados que, en 2003, no estuvieron presos 5 meses, previo al último proceso que llevó a prisión a los implicados.

DETALLE

Libres. En enero de este año, otros tres expolicías lograron también el beneficio de la prelibertad.