Con la presencia de 76 legisladores, se inició este jueves 25 de octubre de 2018 la sesión 547 del Pleno de la Asamblea Nacional, en cuyo orden del día constaba el trámite juicio político en contra de Carlos de la Torre, exministro de Finanzas.

A De la Torre se le responsabiliza de disponer ilegalmente el retiro de 300 millones de dólares de la Ley De Solidaridad y acreditarlos a la Cuenta Única del Tesoro Nacional, según el informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

Las proponentes del juicio al exministro del Gobierno de Rafael Correa, son Tanlly Vera, Rina Campain y Carmen Rivadeneira, bajo la causal de incumplimiento de funciones, al amparo del artículo 131 de la Constitución.

El órgano legislativo decidió dar paso al proceso de juicio político en contra de De la Torre, con base al informe emitido de la Comisión antes mencionada.

La presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, indicó mediante la secretaría del organismo, que se invite al Pleno a Carlos de la Torre para que ejerza su derecho a la defensa sobre el caso.

Durante la presentación de sus argumentos, “técnicos y desde una perspectiva profesional”, el exministro reconoció el retiro de 300 millones de dólares de los fondos de la Ley De Solidaridad, con el propósito de atender el pago de obligaciones del Estado con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), proveedores y salarios del sector público, en diciembre de 2017.

De la Torre enfatizó que no tiene sentido argumentar que el retiro y su posterior reposición, que duró 14 días, causó un efecto negativo en la reconstrucción de las provincias afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016.

Además aseguró que en el informe del examen especial de la Contraloría General del Estado no se establece ningún tipo de responsabilidad administrativa, civil y penal en su contra.

Por su parte la asambleísta Campain acusó a De la Torre de haber incurrido en una actitud arbitraria e indolente en el manejo de recursos públicos, perjudicando a miles de damnificados del terremoto.

Insistió en que el exfuncionario nunca entendió el espíritu de la Ley De Solidaridad, al retirar los 300 millones de dólares destinados única y exclusivamente para la reconstrucción y reactivación de Manabí y Esmeraldas.

Al mismo tiempo aseguró que De la Torre violentó la Constitución, el Código de Finanzas Públicas, la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), la Ley de la Contraloría, además de mancillar la dignidad de los damnificados.

Mientras la legisladora Vera expresó que el trámite de juicio se debe a que hizo caso omiso a las normas ecuatorianas e incumplió sus funciones específicas.

“Es lamentable la declaración de Carlos de la Torre, en el sentido que existían dineros ociosos, mientras cientos de familias pobres sufren la falta de atención a sus graves problemas frente al desastre de 2016”, refutó la asambleísta.

En esa misma línea, Rivadeneira argumentó que “no se podía hablar de dineros ociosos (como lo catalogó De la Torre), porque los fondos estaban destinados a construir infraestructura y a reactivar la economía de las poblaciones afectadas”.

No alcanzaron los votos para la censura

La moción de censura de Carlos de la Torre, presentada por Tanlly Vera, no obtuvo el respaldo necesario para ser ejecutada. Se registraron 61 votos afirmativos y 10 abstenciones. Con esta votación de se clausuró la sesión en la Asamblea Nacional.

En horas de la tarde, la Asamblea Nacional aceptó el pedido del asambleísta Luis Pachala, para reconsiderar la decisión tomada por el Pleno en torno a la moción de censura a De la Torre, sin embargo no tuvo éxito. En la segunda votación el Pleno tampoco logró aprobar la moción de censura al exministro. Esta vez se registraron 72 votos afirmativos y 14 abstenciones.