Un arma de doble filo. La declaratoria del terrorismo como una amenaza para el Estado ecuatoriano ha levantado dudas en los gremios sociales sobre el impacto adverso que esto podría tener en la sociedad civil.

La decisión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), según explica Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, tiene vacíos inquietantes.

“No deja de ser imprecisa la figura penal de terrorismo en el presente contexto y fácilmente se usaría a conveniencia”, explica, y sostiene que existen antecedentes de esto en la historia.

Según recuerda, en 2014, cuando se incluyó este delito al Código Integral Penal, el régimen de Rafael Correa lo utilizó para “responder duramente al derecho a la protesta ejercido por los colectivos sociales”.

Esto permitió la vulneración de los derechos humanos de varios dirigentes sociales, algunos de ellos posteriormente amnistiados, y mantuvo la criminalización de la protesta social.

Por su parte, Daniel Pontón, experto en seguridad, suma un elemento más a la lista de precisiones que falta hacer: establecer cuáles son los objetivos que el Estado pretende intervenir y neutralizar con el accionar de las Fuerzas Armadas.

Según señala, el comunicado liberado por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) no realiza definiciones sobre el tema o, peor aún, enlista o nombra a las bandas del crimen organizado que ahora serán consideradas como grupos terroristas por el Estado.

Dicho pronunciamiento, además de declarar al terrorismo como una amenaza, solo indica la resolución de recomendar al presidente Guillermo Lasso expedir un decreto ejecutivo que establezca las medidas coercitivas para, entre otras cosas, el empleo de armas letales en contra de estos grupos criminales.

Sin embargo, como Diario EXPRESO publicó en ediciones anteriores, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ya tiene el listado de las agrupaciones delictivas que ahora son objetivos de valor: Los Choneros, Los Chone Killers, Los Tiguerones, Los Lobos, R7, Los Lagartos, Los Gangsters y Los Fatales.

Pese a ello, según Pontón, la falta de precisiones públicas de las definiciones “genera un precedente para que cualquier actividad que sea considerada como objetivo de Estado pueda ser declarada como terrorismo” y, por ende, ser intervenida por las Fuerzas Armadas. Como la protesta social.

“Entonces, ¿qué concibe el Estado como terrorismo?”, se cuestiona y sostiene que esa es una pregunta que necesita una respuesta clara y que delimite el campo de acción, para no trastocar los principios del derecho internacional humanitario, como la no involucración de la sociedad civil en estos conflictos.

Estos vacíos expuestos por los analistas, coinciden ellos, solo demuestran lo desbordado que se encuentra el Gobierno actualmente por los grupos criminales y la creciente ola de inseguridad en el país. Imprecisiones que de no corregirse podrían perjudicar al ciudadano con las armas que intentan protegerlo.