Las empresas del Issfa otra vez en la polemica

La reducción de 41 millones de dólares de la deuda que el Estado tiene con el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) -para recuperar el dinero supuestamente pagado en exceso por la compra de Los Samanes- no es el único conflicto pendiente.

El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, anunció ayer que revisará las inversiones hechas por esa entidad.

Según explicó, de los 1.400 millones de dólares del presupuesto del Seguro Militar, 306 millones “están invertidos en acciones de empresas que dan un rendimiento insignificante”, dijo a la prensa oficial.

Se refería a las 13 empresas en las cuales el organismo es accionista. Según el director del Issfa, Juan Francisco Vivero, la utilidad por esas inversiones fue del 8 %, en 2015.

Pero existe, además, un desacuerdo en las cifras del aporte estatal al Instituto.

El presidente Rafael Correa dijo que el Issfa recibe 120 millones de dólares al mes. Pero el vocal Bolívar Silva, delegado al directorio por los oficiales en servicio pasivo, dijo que eso no es real. El mes pasado, por ejemplo, se ofreció 79 millones pero se recibieron 36. Este mes no han recibido nada, aseguró.

Ernesto González, exjefe del Comando Conjunto, precisó que los atrasos vienen desde diciembre de 2014. La deuda se ha acumulado y ahora es de 361 millones de dólares.

El Issfa, dijo, sacó recursos de sus reservas para cumplir sus obligaciones, pero “se agotaron y están suspendidas las prestaciones”. Según él, la situación es “crítica”.

Para Patiño, la inversión en las acciones de las empresas es mucho más importante que los 41 millones debitados al Issfa.

Los militares retirados no lo creen así. Por eso agotarán todas las instancias legales, incluida la internacional, en su pelea.

Ayer presentaron una acción de protección para parar el débito. Aunque para el jurista y catedrático universitario, Farith Simon, esta no es la vía correcta. Correspondía, dijo a EXPRESO, acudir al Tribunal Contencioso Administrativo. El caso debió dirimirse en la instancia judicial, dijo. En eso coincidió Wagner Bravo, vocal alterno del Issfa: un juez debe decir si alguien pagó o cobró demás, insiste.