DIANA SALAZAR
“En el país, Diana Salazar no puede ejercer su profesión como abogada”, aseguró la exfiscalARCHIVO EXPRESO

"Ecuador no garantiza la integridad de quienes ya dejaron la función", dice Salazar

Diana Salazar advierte que el Estado no protege a exfuncionarios tras dejar cargos de alto riesgo

La exfiscal general del Estado y actual embajadora de Ecuador en Argentina, Diana Salazar, lanzó una crítica directa al sistema de seguridad estatal al asegurar que "en Ecuador no hay garantías para quienes dejan funciones". Así lo afirmó en una entrevista publicada por el medio digital DNews, el pasado 26 de junio.

Salazar reveló que durante su gestión contó con 40 personas encargadas de su seguridad personal. Sin embargo, al dejar el cargo, "el Estado no puede mantener ese nivel de protección porque no hay una ley que lo permita", subrayó.

Seguridad tras el cargo, una deuda pendiente

En su diálogo con DNews, Salazar lamentó que el Ecuador no tenga un sistema que garantice la seguridad de exfuncionarios que combatieron el crimen organizado. "Las organizaciones criminales tienen como una característica la venganza, y esta se ejecuta cuando ya no tienes protección", dijo.

Agregó que su designación como embajadora en Argentina fue una forma de "precautelar la seguridad" tras su salida de la Fiscalía. "Fue una decisión que se conversó con el presidente y el fiscal subrogante para protegerme después de entregar tanto al país", declaró.

El debate entre Fiscalía y Gobierno

Tres días antes, el 23 de junio, el fiscal subrogante Wilson Toainga también cuestionó la falta de garantías durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización. "¿Quién nos respalda en nuestra seguridad y la de nuestras familias? Nadie", afirmó.

Toainga denunció que los fiscales enfrentan un escenario de riesgo ante el crimen organizado y que el respaldo estatal es limitado. También criticó que desde el Ejecutivo se expone a los operadores de justicia sin considerar su vulnerabilidad.

Respuesta oficial del Ministerio del Interior

Un día después, el 24 de junio, el ministro del Interior, John Reimberg, respondió a las críticas de Toainga. Aseguró que "114 fiscales han solicitado medidas de seguridad y ya se les han asignado 183 policías".

"No se puede decir que no se está haciendo nada. Hay cifras concretas que lo demuestran", afirmó el ministro, quien reiteró que el Gobierno actúa con responsabilidad ante estas solicitudes.

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Diana Salazar también señaló que, tras su salida del cargo, no podrá ejercer como abogada en Ecuador por ética profesional. "No podría defender corrupción ni narcotráfico. Tampoco tengo la capacidad económica para contratar seguridad privada", dijo.

La exfiscal hizo un llamado a que el país y la comunidad internacional garanticen condiciones para quienes enfrentan al crimen desde el servicio público. "Mientras estás en funciones, todo está bien. Pero luego te olvidan", lamentó.

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