La Procuraduría General del Estado (PGE) informó esta noche que el Tribunal que conoció el arbitraje internacional planteado por la compañía petrolera Perenco Ecuador Limited contra el Ecuador, determinó que el país deberá pagar a esta empresa la suma de 471’820.400 dólares, por haber violado el Tratado Bilateral de Inversiones suscrito con Francia.

El dictamen señala, por otra parte, que Perenco deberá pagar al Estado ecuatoriano $ 60’715.670, por daños ambientales de los bloques petroleros en los que operó.

“Este arbitraje (ante el Ciadi) se inició el 30 de abril de 2008, con motivo de la adopción de la Ley 42 de 2006, que estableció una participación mínima del 50 % del Estado en los excedentes de los precios de venta de petróleo no pactados o no previstos; porcentaje que, mediante el Decreto 662 de 2007, fue incrementado al 99 %; en momentos en que los precios internacionales del petróleo gozaban de una importante alza”, recordó la PGE.

Agregó que, en su demanda, la petrolera alegó que la Ley 42 y el Decreto 662, así como los procedimientos coactivos iniciados cuando Perenco dejó de pagar su deuda por la aplicación de la Ley 42, habían modificado la participación que Perenco recibía en virtud de los Contratos de Participación de los Bloques 7 y 21, lo que constituiría una violación de los Contratos y del Tratado Bilateral de Inversiones suscrito el 9 de julio de 1994 entre Ecuador y Francia para la promoción y protección recíproca de inversiones. La pretensión de Perenco era de $ 1.423 millones.

El 12 de septiembre de 2014, el Tribunal Arbitral decidió que la Ley 42 y el Decreto 662 violaron los derechos de Perenco contenidos en los Contratos de Participación y que la caducidad de los Contratos constituyó una expropiación. En consecuencia, el Estado debía compensar a Perenco.

La Procuraduría del Estado nombró un equipo de peritos medioambientales que pudieron confirmar la contaminación en los bloques 7 y 21. Tras constatar el mal estado en que Perenco había abandonado los bloques en julio de 2009, el Tribunal Arbitral aceptó, el 11 de agosto de 2015, los reclamos planteados por Ecuador en contra de Perenco, en el sentido de que existían daños ambientales en la Amazonía.

La PGE indicó que desde el 2008 ha realizado una ardua defensa en este arbitraje de alta complejidad, presentando 47 escritos, 47 declaraciones de testigos e informes periciales, además de haber participado en 6 audiencias.

Ahora anuncia la posibilidad de interponer recursos en contra de este laudo arbitral. “ La Procuraduría General del Estado está analizando el laudo y tomará las medidas jurídicas pertinentes para hacer prevalecer los derechos del Ecuador”, subrayó.