Tan solo 20 niños se han beneficiado en 2022 por el bono estatal que se entrega a los menores huérfanos por femicidio, mandato del decreto ejecutivo 370 del 8 de marzo del mismo año. Sin embargo, hasta mayo pasado se estima que “por lo menos” hay 89 niñas, niños y adolescentes en dicha situación tras la muerte de 47 madres, datos proporcionados por la Alianza Feminista para el Mapeo de Femicidios en el Ecuador; en total identifican a 118 mujeres asesinadas en el país hasta el quinto mes del año.

La Secretaría de Derechos Humanos (SDH) y el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) son las entidades responsables de entregar dicha compensación económica, pero son justamente estas dos carteras de Estado que señalan que no tienen el número de las madres asesinadas en el país y el total de huérfanos en Ecuador por esa causa.

El MIES indicó que solo tiene el registro de los menores de edad que deben recibir el bono por orden judicial y que no es su competencia llevar el conteo. La SDH, entidad a la que en noviembre de 2021 se le entregó $ 24 millones para la erradicación de la violencia de género, expuso que su responsabilidad es dar asistencia psicológica luego de reportarse el caso.

Adicional a ello adjuntaron un link del Consejo de la Judicatura que enumera el número de las muertes violentas de mujeres, pero no detalla las madres asesinadas y los huérfanos. Judicatura también señaló que no tiene las cifras correspondientes.

Por tal motivo, Diario EXPRESO recurrió a las organizaciones de defensa de derechos de las mujeres, que tampoco son cifras oficiales, sino un aproximado.

Sin embargo, lo que sí tiene es que 147 bonos se han entregado por el decreto 696 del presidente Lenín Moreno, desde 2019.

Actualmente, el MIES señala que aún cuando el juez determina la entrega del bono, el equipo técnico debe analizar si corresponde entregar la ayuda porque debe ser evaluado según la necesidad. Argumenta que son protocolos a seguir conforme a un Registro Social y en caso de no estar hace un levantamiento de información.

Geraldina Guerra, representante de la Fundación Aldea, rechaza esta respuesta y recuerda que el decreto 370 ordena la dotación inmediata porque es una medida de reparación.

“Acceder a esta reparación es difícil, le piden el cambio de tutoría legal de los menores, cuando su mamá está fallecida y su papá está huido o se suicidó, cédula actualizada de los menores, papeletas de votación que ni la tienen, entonces pagar multa de $ 150 y más papeles que no tienen que saberlo porque acaban de perder un familiar y lo que debe hacer es el MIES y más instituciones es facilitarle el trabajo”.

Además, de acuerdo al artículo 6 del mismo documento se estipula la entrega de un “bono provisional”, a partir del inicio de la investigación previa del caso, el rubro corresponde a un salario básico. La ayuda deberá entregarse hasta los 18 años de edad.

Nicole Méndez es una muestra de que esa medida no se cumple. Ella fue hallada sin vida en Puntiatzhil, el pasado 10 de abril en Cayambe, y dejó a una menor de cinco años en orfandad. “Estamos tratando de obtenerlo con ayuda de fundaciones y no nos han ayudado porque esperan la sentencia condenatoria ejecutoriada” dijo Natalia Soto, madre de la víctima.

Guerra identifica que las falencias del Estado se deben a la ausencia de protocolos e interés verdadero de proteger la vida de las mujeres, las víctimas y sus hijos que quedan en indefensión; expone que el reflejo de la desidia se muestra en el levantamiento del cadáver.

“Se les pierde información porque al momento de hacer un levantamiento del cadáver no hay un protocolo, si hay menores que observaron porque tampoco hay un registro de quién se queda con los niños. Porque cuando hay una escena del crimen ¿qué hacen los familiares? Se llevan al niño para que no vea lo sucedido, nadie registra, ahí debe estar el MIES para que detalle qué pasa con los niños”.

DATOS

• 1.484 femicidios en el país entre el 10 de agosto de 2014 y el 1 de julio de 2022.
• 1.430 casos están procesos, la mayoría son por asesinato (690), le siguen los femicidios (567) y los homicidios (124).
• El que el caso no se tratara como femicidio dificultaba aún más la entrega del bono hasta 2021.