Por primera vez, el sector agrícola y el acuícola (camaronero) podrán direccionar inversiones en la mejora de la infraestructura de energía que les permita acelerar el proceso de cambio de matriz energética. Así lo dispuso la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) a través de una resolución, aprobada el pasado 19 de junio, en sesión virtual. 

El apartado número 9 de este documento establece que, "de forma excepcional, cuando la distribuidora, con base en su planificación, no pueda atender la expansión eléctrica para proyectos de sustitución de la matriz energética en sectores agrícolas y acuícolas; las obras requeridas podrán ser financiadas y ejecutadas por los beneficiarios del servicio, bajo los aspectos técnicos y comerciales establecidos en la presente regulación". 

La medida vuelve viable la aspiración que tienen algunos sectores privados de cambiar el uso del diésel por fuentes de electricidad, que les permitan reducir costos adoptando nuevas tecnologías. Uno de los sectores más interesados es el acuícola, que desde hace años viene diseñando un plan para lograr electrificar a más de 25.000 hectáreas de cultivo. 

José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) anunció con beneplácito este cambio que impulsa la planificación de su sector; no obstante, aclara que para lograr que se haga realidad, aún se deben resolver algunos nudos. Tras esta resolución, dice Camposano, el sector espera que en el mercado se den las condiciones que permitan que estas inversiones se concreten. "El empresario privado que hoy está con la capacidad de poder ejecutar estas obras querrá que también se le garantice  transparencia en el cálculo de las tarifas y que se resuelvan los sobrecostos que se incluyen en estas". 

Un factor importante, dijo, es que los Municipios del país revisen las tarifas eléctricas. "Nosotros le hemos hecho notar a la Alcaldía de Guayaquil que en las tarifas de consumo de  los sectores rurales se paga alumbrado público y recolección de basura, aún sin que los usuarios reciban ambos servicios", señala.

El segundo punto está ligado a destrabar la ayuda financiera que vendrá de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) con el fin de fomentar la electrificación en el sector cuícola. Según el proyecto inicial $ 200 millones provendrían del organismo y $ 62 millones del Estado; no obstante, el Gobierno aún debe hallar los recursos y la garantía soberana que se requieren para sellar el pacto. 

Las condiciones de iliquidez que vive el fisco hacen prever que este desembolso podría demorarse, lo que preocupa el sector camaronero que hoy constituye la principal fuente de divisas del país, vía exportaciones (más de $ 3.000 millones en el 2019). La demora seguirá siendo un problema, dice Camposano, pero alivia el hecho de saber que con la resolución del Arconel  "hoy estamos mucho más cerca  de lo que se requiere para que este plan sea aplicado en términos privados".