Para estafar al Isspol durante siete años se requería, además del pago de coimas, de aliados en las instituciones de control.

Como si se trataran de piezas de reloj, los sospechosos del atraco tiraban de hilos en busca de manejar cada situación; estar un paso adelante. Héctor San Andrés habría tenido un rol fundamental. En 2014, el empresario guayaquileño, dueño de la casa de valores Westwood Capital Market, obtuvo $ 84 millones en la primera operación ‘swap’, que se hizo el Isspol. Hoy la institución no recibe los rendimientos ni conoce dónde están esos bonos.

Siete años después, sus conversaciones con David Proaño, exdirector del Isspol, y con John Luzuriaga, exdirector de Riesgos, salen a la luz. Constan en la asistencia penal internacional que entregó EE.UU a Fiscalía.

El 16 de febrero de 2018, Luzuriaga le pide ayuda a San Andrés con “la super”. Se refiere a gestionar una cita. A lo que San Andrés respondió: “Lunes 12:00 en la Super con el Dr. Camilo Valdiviezo, los esperan”.

El motivo de la reunión era el caso Proinco. El 6 de marzo de 2018, Luzuriaga le vuelve a solicitar a San Andrés su ayuda para hablar con “la sra Mansur”. El lobista le dice que le dé un día. “Gracias mi viejo, acabo de salir de la cárcel de Latacunga hablando con Santiago Rivadeneira”, responde Luzuriaga.

Este empresario quiteño cumple una pena de 13 años de cárcel por la estafa de $ 98 millones. Desde 2016 está preso. Una de sus compañías, Maktradecorp, recibió 3 millones de los fondos del Isspol por la cesión de derechos fiduciarios.

El 14 de marzo de 2018, Luzuriaga insiste con San Andrés. “My friend, buenas noches. Por molestar tu ayuda con la cita con la Sra. Mansur. Por el tema de Proinco”. La reunión se fija por fin para el 22 de marzo y San Andrés dice que debe ir “el coronel”.

Este Diario envió correos a Soad Mansur, exsuperintendenta de Compañías, para conocer sobre estas citas. No respondió.

En el juicio político a Víctor Anchundia, entonces superintendente de Compañías, Mansur compareció como testigo. Entonces fue cuestionada: “¿Usted sabe quién es Héctor San Andrés?”, preguntó el legislador Ricardo Vanegas. “Sí, claro, lo conozco”.

La seca respuesta motivó la pregunta. “¿Quién es?”. “Es una persona, que sé que era estructurador de mercado de valores y era dueño de una casa de valores”. No mencionó que su sobrina era apoderada de una empresa de San Andrés y lo justificó diciendo que ella era una abogada en libre ejercicio, que además está casada con un funcionario de la Dirección de Patrocinio de la Supercías.

Según los chats, para San Andrés, Proaño y Luzuriaga la improvisación al buscar aliados era parte de su estrategia. Por eso, el 25 de febrero de 2019, Luzuriaga le envía a San Andrés un documento en donde el entonces presidente Lenín Moreno nombraba su terna para la Superintendencia de Bancos. Ruth Arregui, Pablo Cevallos y Francisco Xavier Vizcaíno Zurita eran sus candidatos. “No la pusieron, my friend... No sé quiénes son las dos últimas”, responde San Andrés y Luzuriaga acota: “Jaaaa mi loco, auxilio. Necesitamos alguien que nos apoye”.

En 2019 el atraco al Isspol empezaba a conocerse. El 26 de abril de ese año San Andrés le da instrucciones a Luzuriaga para mantener la fachada. “My friend, te va a llamar C. Ávila, explícale bien el tema, pls. Cuáles son las posibles salidas. Van a empujar para que el pana sea superintendente de SS (Seguridad Social)”. Después de que sus candidatos no obtuvieron cargos, San Andrés le envía a Luzuriaga una asesora. “Hablé con la Dra. Dijo que está de acuerdo que es una persecución y toca esperar la posesión de la superintendenta para reunirnos y probar qué piensa ella y pedirle de forma directa lo que se requiere por cuanto el Isspol va apoyar con el financiamiento de los programas de vivienda”.

• El detalle

Dato. En los chats entre Proaño y San Andrés se menciona a Ligia Cobo, exfuncionaria de la Super de Bancos. Ella dijo que en 2019 no era funcionaria.

Justicia

Expediente por Peculado

El abogado del general David Proaño es Pedro Jerves. Sobre los chats asegura que pedirá la exclusión de esas pruebas porque, a su criterio, las conversaciones se obtuvieron sin autorización judicial. Además, dice que no se ha confirmado que su cliente sea el interloculor. “EE.UU. solo mandó un memory flash”. Ese no es el procedimiento.