¿Qué implica decretar un estado de excepción por crisis energética?
El Gobierno decidió tomar esta medida para canalizar acciones y recursos urgentes para aplacar el efecto de apagones
Al menos tres razones motivan la declaratoria del estado de excepción decretada por el Gobierno Nacional para enfrentar la actual crisis energética: estas tienen como fin establecer un tiempo de acción y designar recursos para aplacar los efectos.
Según el Decreto 229, firmado este 19 de abril de 2024, por el presidente Daniel Noboa, se requiere una intervención emergente y urgente de las instituciones del Estado, "para precautelar y garantizar la provisión del servicio público de energía eléctrica, respondiendo a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad y universalidad"
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El presidente Daniel Noboa decretó estado de excepción por conmoción interna y calamidad pública en todo el territorio nacional, debido a la emergencia energética por la que atraviesa el país.
— Diario Expreso (@Expresoec) April 19, 2024
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Con ese fin se establece los siguientes objetivos:
- Que esta declaratoria de estado de excepción dure un término de 60 días. Este plazo, según se explica, se fundamenta en la necesidad de contar con el tiempo adecuado para superar los hechos fácticos planteados, hacer frente al déficit energético y garantizar el servicio del suministro de electricidad en el presente, propendiendo a una estabilización en el futuro inmediato.
- Se pide al Ministerio de Economía asignar los recursos suficientes para atender el presente estado de excepción por grave conmoción interna y calamidad pública causada por la emergencia en el sector eléctrico, pudiendo disponer de los fondos públicos necesarios para el efecto, excepto los correspondientes a salud y educación.
- En este decreto también se dispone la movilización e intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, debidamente coordinadas, para garantizar la seguridad de las instalaciones críticas de infraestructura energética para prevenir sabotajes, ataques terroristas u otras amenazas que puedan afectar su funcionamiento.
La Presidencia de la República ordena al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Defensa Nacional y Ministerio del Interior, hacer cumplir estos lineamientos.
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