"¿Queremos diálogo? ¡No! ¿Consulta? ¡No! ¡Queremos derogación ya del contrato minero!", volvieron a gritar este lunes 30 de octubre de 2023 miles de panameños en Ciudad de Panamá pese a la propuesta del Ejecutivo de someter ese contrato a una consulta popular vinculante, como salida a la crisis que vive el país.

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Más de 5.000 personas, según estimaciones a EFE de la Defensoría del Pueblo, marcharon desde un céntrico parque de la capital panameña hasta los predios de la Asamblea Nacional (Parlamento) exigiendo al presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, que tumbe ese contrato ley con Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM).

"(La consulta popular) no nos sirve porque es una propuesta realmente inconstitucional. Es ganas de marear al pueblo y él sabe que no es legal", dijo a EFE el líder indígena Ariel Mendizábal.

Según Mendizábal, este contrato minero fue hecho "sin consulta", por lo que pidió al Ejecutivo "bajar la mano y decir al pueblo que esa ley no es conveniente porque violenta nuestros intereses, ya que una empresa minera no nos beneficia, nos trae la destrucción de la biosfera".

La marcha, presidida por cientos de banderas de Panamá, estuvo encabezada por enfermeras que se unieron a la protesta, además de ambientalistas, grupos indígenas y jóvenes.

En las pancartas se podían leer mensajes como "No a la mina. Queremos derogación de la ley" y "Nito (apodo del presidente), el oro de Panamá es verde".

"No se ha hecho eco del llamado de la población"

A pesar de los esfuerzos del Gobierno panameño por salir de esta crisis con una consulta popular y elevando a ley la moratoria minera, los manifestantes mantienen que la mejor opción es derogar el contrato al considerarlo "inconstitucional", y lamentan que el Ejecutivo "no escucha" las demandas de la sociedad.

"El Gobierno realmente no se ha hecho eco del llamado de la población, estamos en las calles promoviendo la derogación de ese contrato", declaró a EFE Guildo Berguido, director ejecutivo de la ONG para la conversación de los ecosistemas Adopta Bosque.

Berguido espera que la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que ya tiene admitidas al menos dos demandas de inconstitucionalidad, vuelva a declarar inconstitucional ese contrato, como lo hizo con el anterior en el 2017, lo que llevó al Gobierno y a la empresa a negociar.

"Pedimos la derogación total de este nefasto contrato y la moratoria de la minería porque 'Panamá vale más sin minería'", dijo Berguido haciendo alusión a un lema que ha cobrado fuerza en las últimas semanas como eslogan de las manifestaciones.

Desde que el pasado 20 de octubre el presidente panameño firmó ese contrato ley con la minera canadiense FQM, las manifestaciones se han endurecido con convocatorias masivas y algunos enfrentamientos con la policía, dejando un saldo de más de 450 detenidos.

Cortizo, que hizo tres declaraciones la semana pasada en medio de las protestas, propuso la noche del domingo una consulta popular para decidir el próximo 17 de diciembre si se deroga o no ese contrato ley y anunció que está dispuesto a "conversar".

El Tribunal Electoral dijo sin embargo este lunes que "no hay garantías" para convocar esa consulta debido a que "no existe en la Constitución Política ni en el Código Electoral norma alguna que contemple el tipo de consulta popular solicitada".

El Gobierno defiende que esta nueva concesión a 20 años prorrogables con Minera Panamá otorga grandes beneficios al país, como el ingreso mínimo anual de 375 millones de dólares al fisco, el pago de impuestos antes exentos, así como amplios poderes de supervisión estatal a la operación de la mina, entre otros. 

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