El único caso en el que el presupuesto en salud y educación puede reducirse es si no hubo financiamiento para concretar gastos en ese ámbito. Y eso puede pasar en una situación de crisis económica. Así lo aseguró este 26 de septiembre de 2023 el viceministro de Finanzas, Daniel Lemus, en su comparecencia ante la Corte Constitucional (CC). 

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Las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) defendieron el Decreto Ley para el Equilibrio, Organización y Transparencia de las Finanzas Públicas, que fue enviado a la CC en semanas pasadas.      

La propuesta legal de Lasso propone cambiar la fórmula de cálculo para el incremento de las asignaciones para salud pública y educación básica. La Constitución señala que cada año se debe incrementar un valor equivalente a 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) a los presupuestos para educación y salud. 

En el caso de educación, el aumento debe ocurrir hasta que el presupuesto a este sector sea igual al 6% del PIB, mientras que en salud debe subir hasta que la asignación sea igual al 4% del PIB. 

El decreto ley plantea que para calcular esos incrementos, se compare la nueva asignación con el presupuesto que fue efectivamente utilizado por las entidades hasta el final del año anterior. "De la real capacidad que tuvo el Estado ecuatoriano para cubrir todos los gastos", dijo el viceministro de Finanzas. 

En ese contexto, Lemus aseguró que bajo ninguna circunstancia los presupuestos se reducirían. Esto pasaría si el Gobierno no consigue el financiamiento para ejecutar ese gasto y esto puede pasar en una crisis económica, algún shock externo o si el crecimiento económico no vaya al ritmo esperado. 

Este ha sido uno de los temas más polémicos de la propuesta legal. De hecho, la Unión Nacional de Educadores (UNE) protestó a las afueras de la CC en contra de la posible medida. 

Con la propuesta legal se busca que el presupuesto tenga "flexibilidad y capacidad de respuesta", señaló Lemus, sobre todo para un 2024 que se prevé complicado por el fenómeno de El Niño.  "Lo que no se haga en 2023 no será efectivo en 2024 (...) El único tiempo para hacerlo es ahora", añadió Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas. 

Otro tema que ha causado controversia es la eliminación de los intereses de la deuda que mantiene el Estado por el aporte del 40 % al sistema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

El viceministro de Finanzas justificó la medida bajo el argumento de que no existe claridad para calcular ese valor. "Estos intereses no están en ninguna parte. No están establecidos, no están reconocidos", dijo Lemus. 

En tanto que Mirian del Carmen Toro, procuradora del IESS, ha señalado que se ha descapitalizado la entidad. Además, señaló que la deuda del Estado con el Seguridad Social asciende a 3.000 millones de dólares. En el caso de los intereses, el monto es de 1.129 millones.

Con la declaración de la muerte cruzada en mayo de 2023, que dio como resultado la disolución en la Asamblea Nacional y la convocatoria a elecciones anticipadas, el presidente de la República puede emitir decretos ley con carácter económico urgente, pero debe pasar el filtro de la CC para su vigencia.

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