En un acto público, afectados por hipotecas se reunieron en Madrid para compartir sus preocupaciones sobre el creciente problema.

Hace más de 11 años, la crisis inmobiliaria estalló en España cuando los precios de la vivienda alcanzaron su máximo, un fenómeno conocido como burbuja inmobiliaria. Esta situación provocó una recesión económica y social. Miles de ecuatorianos residentes en el país europeo sufrieron desahucios al no poder pagar las hipotecas que habían contraído con los bancos.

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En la actualidad, el problema persiste y, en los últimos años, ha empezado a aumentar de nuevo. Así lo afirma César Bolaños, activista y portavoz de los migrantes afectados por las hipotecas: “Con el aumento del euríbor (el tipo de interés aplicado a los préstamos en euros entre los grandes bancos), cada vez más personas nos buscan para que les ayudemos a resolver estos inconvenientes”.

La subida del euríbor afecta a quienes tienen un préstamo hipotecario de tipo variable, dado que este está referenciado a dicho índice. Si el euríbor aumenta, las cuotas mensuales de una hipoteca variable también lo hacen, y viceversa si disminuye. Durante seis años, este interés se mantuvo en negativo. Sin embargo, desde enero de 2022 ha estado en ascenso, superando actualmente el 4%. Este incremento ha elevado la cuota mensual de la hipoteca, aumentando aproximadamente 100 euros por cada 100.000 euros de capital pendiente, lo que significa un extra de unos 1.200 euros al año.

Aunque existe una Plataforma de Afectados por Hipotecas (PAH) en España, para César es fundamental que los consulados de Ecuador retomen el servicio de asesoría jurídica que antes ofrecían a los compatriotas y que empezó a dar resultados en 2017. “Se proporcionó un servicio único, porque a diferencia de la plataforma española, la asesoría jurídica del consulado ecuatoriano acompañaba al migrante hasta el banco para negociar las deudas antes de proceder a un proceso judicial”.

Según Bolaños, cerca de 10.000 familias ecuatorianas lograron acuerdos significativos en sus hipotecas, ya que los bancos estaban desalojándolas de sus hogares, pero las deudas se mantenían. Sin embargo, gracias al servicio consular y a los abogados, estas obligaciones se saldaban una vez que se entregaba el bien inmueble. Además, se les permitía continuar viviendo en la misma vivienda, pero bajo la modalidad de alquiler social. “Fue tal el éxito que se obtuvo durante esa época que se replicó en los ayuntamientos (municipios) de la Comunidad de Madrid”, indica. Por eso, considera esencial que el nuevo Gobierno de Ecuador se solidarice con los migrantes y disponga de esta prestación.

En este aspecto coincide el excandidato a diputado por el partido Más Madrid, Manuel San Pastor. Se brindó una atención que se convirtió en un referente internacional, que es de justiciañ Abogados, psicólogos y trabajadores sociales apoyando a los ciudadanos ecuatorianos afectados por las hipotecas que, no lo olvidemos, han sido víctimas de una estafa”, afirma.

Durante el encuentro, las ecuatorianas que estuvieron presentes, informaron que seguirán concentrándose para brindarse el apoyo necesario con el fin de seguir evitando desahucios.

Cuando un ecuatoriano atraviesa una de estas situaciones, se convocan entre ellos, junto con más activistas sociales, para crear un ‘muro de contención’. Recurren a estas estrategias porque es la única manera de impedir el desalojo de la vivienda. Ni la Policía ni los bancos quieren escándalo. De esta forma, dilatan el proceso judicial hasta llegar a un acuerdo.

Una de las asistentes también contó que, al ser extranjeras, terminan siendo víctimas del sistema: “En su momento, no nos pedían tantos requisitos ni entrada para comprar la vivienda. El banco nos daba el financiamiento al 100%, pero claro, la trampa era que nos imponían la hipoteca variable (que depende del euríbor), sin opción a elegir la de la cuota fija”.

Al finalizar la convocatoria, Rosario Terán, de 66 años, habló con EXPRESO. Ella enfrenta la dificultad para recomprar su departamento. “Resulta que compré un piso (departamento) que estuvimos pagando durante 12 años. Comenzamos pagando 520 euros, luego nos aumentaron a 900€. Mi esposo perdió su trabajo y ya no pudimos pagar la cuota tan alta porque mi sueldo no alcanzaba”.

Como consecuencia de la asesoría jurídica ecuatoriana, logró seguir viviendo en el mismo lugar con un alquiler social por 5 años. El año pasado le informaron que se lo venderían nuevamente y que tenía un plazo de 10 días para entregar el valor. Terán se esforzó por conseguir el dinero necesario en Ecuador, pero ahora le dijeron que ya no puede comprarlo. “Me siento perjudicada porque tuve que pagar un impuesto de salida de divisas para traer el dinero desde mi país. Ahora lo tengo en un banco español y espero obtener justicia pronto”, declaró.

La ecuatoriana que ha residido en Madrid durante 23 años espera que el “nuevo gobierno haga algo por nosotros. Aportamos mucho (económicamente a nuestro país) y, en retribución a ese esfuerzo, anhelamos tener nuevamente esa orientación y guía que tanto necesitamos. (...)”, pidió.

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