El aparente esfuerzo del Gobierno, de modificar el margen de incremento mensual del costo del diésel (desde ayer ya no es de un 5 % sino del 3 %), para beneficiar a ciertos sectores productivos, no ha aplacado en nada el descontento que existe entre los transportistas que ofrecen el servicio de movilidad pública y de carga comercial. Un menor flujo de pasajeros y de mercaderías, como causa de la desaceleración económica que deja la pandemia, sigue afectando sus operaciones y su rentabilidad.

Y la solución urge sobre todo para los primeros. Los propietarios de cooperativas de transporte urbano y provincial han dado de plazo hasta este viernes, para que las autoridades gubernamentales y municipales resuelvan una salida a este problema que, hasta ahora, creen podría darse con un alza en las tarifas de pasajes. De lo contrario, advierte Christian Sarmiento, presidente de la Federación de Transportistas Urbanos de la provincia del Guayas (Fetug), las cooperativas se verán obligadas a aplicar medidas internas. Eso implica hacer un reajuste en sus operaciones, que pasará por mermar el número de unidades que tienen circulando. Eso en la práctica, admite, significará dejar de dar el servicio en ciertos horarios y con menos buses hacer que la gente tenga que esperar más tiempo por tomar ciertas unidades o viajar en tumulto exponiéndose a un mayor nivel de contagio.

Los actores de este sector dicen que no están dispuestos a seguir asumiendo los altos costos que deben pagar por el diésel, aún cuando sus ingresos han bajado. Para entenderlo, Sarmiento lo explica en cifras.

Por causa del teletrabajo y los menores flujos de movilización que deja la pandemia, dice, su gremio hoy está transportando hasta un 40 % menos de pasajeros, una situación que para nada está ayudando a soportar el incremento (en más de un 30 %) que vienen experimentando desde agosto pasado, en los precios del diésel. Hasta agosto del año pasado, aclara, por unidad se gastaba hasta $ 37 promedio diario para poner a circular cada uno de los buses, hoy se requieren $ 50 y más.

La situación, coincide Carlos Peralta, presidente de la Unión Provincial de Cooperativas de Transporte del Guayas, presiona más las finanzas de un sector que ya ha venido soportando un congelamiento de tarifas desde el 2015. La expectativa del gremio, explica Peralta, es que las autoridades del Ministerio de Transporte, con quienes se reunieron el pasado lunes, puedan intermediar y lograr que los Municipios revisen el costo de pasajes.

Desde el año pasado, el Gobierno ha venido estableciendo una nueva política de precios a los combustibles. Primero lo hizo con la súper, tras disponer la liberalización de su valor; luego con las gasolinas extra y ecopaís, fijando una banda de precios que puede variar (subir o bajar) en un 5 % y el pasado lunes, con el diésel, decretando esta vez que esa fluctuación no alcance más de un 3 %.

Esto, según se ha explicado, servirá para sincerar los precios, logrando que estos de forma progresiva se equiparen a los valores internacionales (acorde al precio del petróleo). La reforma, reconoce Oswaldo Erazo, director de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador (Camddepe), era necesaria por el impacto anual que representaba para el Estado asumir el costo de un subsidio anual. No obstante, sostiene hay que cuidar que el retiro de ese subsidio se dé de forma gradual, sin afectar al sector productivo.

Las voces de reclamo también salen del transporte pesado. Un alza, por más pequeña que fuera, no es prudente para un sector que ha tenido que enfrentar una baja en la demanda del servicio, por la caída de las importaciones de hasta un 30 %, dice Pablo Torres, representante de este gremio. Por esta causa, sostiene, el sector ha tenido que bajar sus tarifas entre un 10 y 15 %, afectando aún más su rentabilidad. La expectativa en este gremio es que, si el alza se mantiene, el Gobierno lo compense permitiéndoles cobrar el IVA del 12 % en cada facturación.