El cierre parcial del mercado ruso, en medio del conflicto que libra con Ucrania, empieza a generar la queja de bananeros y arroceros ecuatorianos, que amenazan con seguir paralizando vías. Los primeros piden la ayuda del Gobierno para evacuar el excedente de fruta que no han podido exportar; los segundos, en cambio, esperan medidas que ayuden a frenar el alto costo de los fertilizantes.

Los bananeros ayer, hasta el mediodía, usaron miles de racimos para cerrar la vía a Puerto Inca, como una forma de llamar la atención de las autoridades. “Cerca de 800.000 cajas semanales que van a Rusia y Ucrania se están quedando y eso está llevando a que internamente se nos quiera pagar hasta $ 1,20 por caja de fruta, cuando el precio oficial es de $ 6,25”, dijo Segundo Solano, vocero de la Federación de Productores Bananeros del Ecuador (Fenabe) y miembro de la Asociación de Bananeros de El Oro. El pedido al Gobierno es que “a través del Ministerio de Agricultura se compren los excedentes de esta fruta, usando los ingresos petroleros adicionales que también la guerra está originando al fisco”.

Esta solicitud, sin embargo, fue cuestionada ayer por académicos, que creen inapropiado obligar al Gobierno a dar este tipo de ayuda. “Los productores deben estar conscientes de que todo esto se está originando por un conflicto externo. Esto no es culpa del Gobierno, esto es un efecto de tener concentradas las ventas en mercados tan importantes como el ruso”, explicó Juan Manuel Domínguez, experto en economía agrícola y subdecano de la Escuela de Negocios, Espae. Para él, el Estado puede aplicar ciertos instrumentos, pero “el productor debe saber que, si esto sigue, eso no les impedirá el tener que asumir pérdidas”.

Solano reconoce que estas consecuencias son globales y que hoy la sufren todos los países, pero aclara que ellos no le están pidiendo dádivas al Gobierno. Dice que ellos están dispuestos a devolver los recursos al Estado, con el dinero que se recaude del fondo que hoy proponen crear, con el descuento de $ 0,05 que se haga por la comercialización de cada caja.

“Si no se hace algo, lo que se viene es un problema social grande, porque nosotros como sector somos generadores de millones de empleos, directos e indirectos. El presidente Lasso ha dicho que este es un problema de exportadores ricos y que ellos resuelvan, pero nosotros no somos ricos. Somos los que producimos la tierra. El que se enriquece con esto es el exportador informal”.

Entre las ideas que dan para evacuar la fruta está la posibilidad de que esta sea entregada a programas de alimentación o sectores como el ganadero, que hoy requiere de alimento para sus animales. La manifestación de ayer, dijo el dirigente, tuvo la participación de bananeros del Guayas, Los Ríos y El Oro. Y no descartan volverla a llevar a cabo.

EXPRESO pidió ayer al Ministerio de Agricultura una entrevista para tratar este tema, pero hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta. Quien sí se refirió al problema fue Carlos Jijón, el vocero del Gobierno, quien en rueda de prensa dijo que aunque las rentas petroleras se estén incrementando, los ingresos aún no se han materializado. Cuando eso se haga, aclaró, ese dinero debe ir a los más pobres. El plan gubernamental es impulsar un proyecto de lucha contra la desnutrición infantil. Para el sector exportador, dijo, “se está estudiando qué hacer sobre los problemas que tienen los productores de frutas en general. La idea es buscar nuevos caminos, abrir nuevos mercados”.

Sin embargo, eso no alienta a otros sectores, como el arrocero, que en su caso pide medidas inmediatas para enfrentar el alto costo de los insumos, que empezaron a elevarse desde el año pasado tras el cierre de fábricas chinas a causa de la pandemia y la escasez de contenedores para importar fertilizantes como urea, situación que se agudiza ahora con el conflicto de Rusia.

Juan González, director ejecutivo de la Asociación de la Industria de Protección de Cultivos y Salud Animal (APCSA), que integra a 38 empresas importadoras de insumos agrícolas, confirma esto último. A finales del año pasado el saco de urea costaba $ 38, “pero llegó el conflicto y hoy ese valor está en $ 50, $ 53 y subiendo. Lo que se prevé es que esta semana pueda llegar a los $ 60”, acotó. 

Esa escalada de precios, indicó Jorge Suárez, dirigente del Frente de Organizaciones Sociales Agrícolas de Santa Lucía, es lo que ha impedido que en las provincias de Guayas y Los Ríos se siembren hasta 70.000 hectáreas de arróz, en pleno invierno.

Suárez cree que en un escenario de crisis como el actual, el Gobierno sí podría intervenir con el control de la comercialización. Para él, el encarecimiento en gran medida se da por un negociado en la cadena de intermediación. “Las firmas pueden adquirir la urea hasta en $ 24, pero como ven que suben, la eleven estratégicamente. ¿Quién controla eso?”.

Una de las medidas que plantean es que, en este periodo, el propio Estado venda la urea, sin necesidad de que esta se entregue como un subsidio. Suárez cuenta que están a la espera de reunirse con autoridades del Gobierno. De no tener una respuesta, anuncia que su gremio saldrá a protestar el próximo 23 de marzo.