Les aguarda una larga lista de pendientes. Una vez que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio cesó definitivamente al Consejo Nacional Electoral (CNE), sus reemplazos tendrán que hacer viables varios temas, algunos contra el tiempo.

Ayer, por unanimidad, los siete consejeros de Participación ratificaron la salida de Nubia Villacís, Marcela Paredes, Paúl Salazar, Luz Haro, Mauricio Tayupanta y todos sus suplentes. La sinergia se rompió, sin embargo, al escoger a sus relevos.

Tres se abstuvieron de votar por la conformación de un CNE transitorio aunque, finalmente, se impuso la mayoría. El consejero Xavier Zavala fue uno de los que salvó su voto. Él planteaba que se nombre un administrador temporal encargado de tareas administrativas. Le preocupa que los reemplazos, que asumirán con todas las potestades de los cesados, puedan, de alguna manera, “alterar el cronograma electoral” que está corriendo para las elecciones seccionales de marzo de 2019.

El CNE temporal estará conformado por el académico y diplomático Gustavo Vega, el experto informático José Cabrera, el coronel (sp) Alberto Molina, la abogada Camila Moreno Subía y Diana Atamaint, que fue asambleísta por el movimiento Pachakutik.

Como están en capacidad de abordar todos los temas, de entrada tendrán que organizar la verificación de las firmas que el lunes próximo presentará el Movimiento Acción Nacional (Mana), que acoge a los partidarios del expresidente Rafael Correa, que abandonaron Alianza PAIS. Ellos pretenden participar en las elecciones seccionales. El proceso de verificación podría tomar no menos de 30 días, aunque el CNE tiene en cola decenas de pedidos similares de otras organizaciones.

El Consejo Electoral transitorio podría, además, revisar el reglamento que aprobó su antecesor para la conformación del Consejo de Participación Ciudadana definitivo, proceso que inició el lunes con la inscripción de los postulantes de las organizaciones sociales.

Pero hay un tema que preocupa todavía más. Una fuente del CNE contó a EXPRESO que, hasta el momento, el Ministerio de Finanzas no ha entregado los recursos previstos para el proceso electoral a celebrarse en siete meses, lo que ha demorado la ejecución de varios elementos contemplados en el calendario electoral.

Esto ha hecho que, por ejemplo, el programa para los cambios de domicilio tenga restricción en cosas básicas como computadores portátiles y no ha podido ser difundido en los medios de comunicación. Tampoco se ha contratado y menos capacitado a las personas que verificarán los requisitos de los postulantes a Participación, pese a que el proceso de inscripción lleva ya dos días.

Dos nuevos encargos

La Superintendencia de Comunicación (Supercom) ya tiene al reemplazo de Carlos Ochoa. Se trata de Édison Toro, que fue posesionado ayer por el Consejo de Participación Ciudadana, en calidad de encargado.

Para hoy está previsto que los siete integrantes de este organismo posesionen al encargado de la Superintendencia de Bancos que relevará a Christian Cruz, que fue cesado el lunes pasado, en Loja. El presidente del Consejo de Participación, Julio César Trujillo, dijo que había varios nombres en carpeta que eran analizados.

Detalles

Concurso

El Consejo de Participación Ciudadana convocó ayer al concurso para elegir al Consejo Nacional Electoral (CNE) definitivo y aprobó el reglamento que regirá para este proceso. Se espera que este concurso termine en no más de dos meses y sean los definitivos los que organicen las elecciones seccionales.

Plazos

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Julio César Trujillo, espera que el CNE transitorio cumpla sus funciones en los próximos 45 días. Sin embargo, el mandato emitido ayer por este organismo, establece la posibilidad que este plazo se pueda extender hasta los 60 días, antes de ser relevados.

Vinculación

Los consejeros de Participación ratificaron ayer que una de las razones para cesar en funciones a los cinco integrantes del CNE, es su vinculación política con las autoridades del anterior Gobierno. Esto, dicen, les habría quitado independencia e imparcialidad con relación a otras organizaciones políticas.