Deuda ilegal

Con el apoyo de un calificado e idóneo grupo de ecuatorianos conocedores de esta temática, Contraloría ha establecido preliminarmente que la deuda pública contraída (interna y externa) es ilegal al sobrepasar el límite establecido por la ley (40 % del PIB) y que el monto de la deuda asciende al 65 %.

El anterior presidente de la República, buscando franquear la restricción legal y utilizar más crédito, expidió un decreto ejecutivo que por un lado, que separa la deuda externa de la interna, invocando un criterio del FMI; y por otro lado, al establecer dicha separación, interpreta la ley, lo cual compete a la Asamblea Legislativa, a la que también correspondería reformar la ley para posibilitar futuro endeudamiento.

Igualmente, Contraloría observa la reserva de datos sobre la deuda, lo cual tampoco lo ampara la ley. Es justificable que durante las negociaciones previas exista algún sigilo, pero una vez contraída, esta tiene que ser informada, más aún si realmente deberán pagarla todos los ecuatorianos, que correspondería a 4.000 dólares a cada uno, no siendo justo que no sepan aquello.

En el anterior gobierno se derogó una de las leyes más sensatas, que fue expedida el año 2003, y que creaba el Feirep, con lo cual se buscaba que en épocas en que los precios del petróleo estuviesen altos, se creara un fondo protegido por un fideicomiso, que precautelara necesidades en momentos de bajos precios, sin necesidad de recurrir a un endeudamiento oneroso, como en efecto ocurrió la década pasada. Esa ley ya establecía que el monto de la deuda pública externa e interna no podía exceder el 40 % del PIB y que los excedentes del precio referencial del petróleo fijado en el presupuesto del Estado, se los utilizara en inversión, apoyando a la pequeña y mediana empresa. Esa ley le era incomoda al expresidente, que aumentó el gasto corriente; no hubo austeridad y el resultado es que el país pagará el derroche, y una deuda con altos intereses, para lo cual se reducirán los subsidios. Además, por los créditos obtenidos del IESS, está en riesgo la liquidez de esta institución que pertenece a sus afiliados.