Deuda se diluyo en la cuenta unica
50.555 millones de dólares es el monto de la deuda, según Contraloría. Es decir, el 52,5 % del PIB.
Es un misterio. El destino que el gobierno de Rafael Correa dio a parte de los recursos obtenidos vía deuda pública no es fácil de establecer. La Contraloría revisó las operaciones de crédito entre 2012 y 2017 y encontró ‘vacíos’.
Las exautoridades del Ministerio de Finanzas se refugiaron en el adjetivo de ‘fungibles’ que le dieron a los recursos para evitar detallar su uso. Un argumento que podría estar en contraposición con la normativa.
Según las leyes aprobadas en el mismo período del correísmo, los recursos obtenidos vía deuda solo pueden ser destinados a financiar gastos de inversión o no permanentes. Es decir, proyectos específicos. Está vigente una prohibición expresa para que ese dinero vaya a gasto corriente.
Pero Finanzas reconoce ahora que algunos recursos entraban en la cuenta única y que no puede justificar su utilización.
El primer vacío está, sorprendentemente, en el mismo ministerio. Según la Contraloría, en los casos en los que Finanzas aparece como ‘ejecutor’, la entidad “no entregó el detalle de los proyectos beneficiarios de los recursos obtenidos a través del endeudamiento público”. En el documento no consta el monto que estaría comprometido.
El segundo tiene que ver con los 8.200 millones de dólares que el gobierno anterior obtuvo por cinco contratos de preventa de crudo firmados con Petrochina, Unipec Asia Co. y Petrotailandia.
El problema con esos recursos es que Finanzas no los registró como deuda, sino que los consideró como operaciones comerciales. El dinero entonces fue recibido y registrado en la cuenta única en el Banco Central. Finanzas, dice la Contraloría, “señaló que son ‘fungibles’, por lo que no era posible determinar su uso específico”.
Petroecuador, que actuó como intermediario en esas operaciones, tampoco tiene idea. A la empresa, dijeron sus autoridades, solo le reconocieron los costos por transporte, comercialización y refinación de crudo. El dinero y su uso era responsabilidad del Ejecutivo.
El tercer vacío también implica a la petrolera estatal. Mediante un convenio (que ahora la Contraloría califica como ilegal), Petroecuador contrató un crédito por 970 millones de dólares con el banco chino ICBS. Supuestamente, ese dinero debía destinarse “al financiamiento parcial de programas y/o proyectos estratégicos y prioritarios”.
El dinero, otra vez, fue para el fisco. En esta operación habría dos problemas: el primero, la petrolera está capacitada para negociar créditos, pero relacionados con su actividad, no para conseguirle liquidez al Gobierno. Y, el segundo, que después de todo no existe un detalle de los “proyectos de gas e hidrocarburos a los cuales se destinaron los recursos”, dice el informe.
El problema
Los créditos todavía están en ejecución, pero el Gobierno no tiene todos los documentos de respaldo. El “archivo de la deuda” no tiene documentos numerados, foliados o referenciados, no tienen índice, no están en orden cronológico e incluso hay papeles duplicados.
La plataforma
¿La causa del archivo incompleto? Según Finanzas, “a raíz del cambio de edificio y por restricciones del administrador de la Plataforma Financiera, para los archivos del ministerio el espacio fue limitado a la mínima expresión, lo que no permitió trasladar todo el archivo”.
Las medidas
La Contraloría recomendó a la ministra de Finanzas implementar procedimientos que “aseguren la existencia de un archivo íntegro para la identificación inmediata de la documentación que respalda la totalidad de la información de las operaciones de crédito”.
