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Detienen en Espana al periodista que intento vender videos de Assange

José Martín fue puesto en libertad tras declarar en un juzgado de Madrid.

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La Policía Nacional de España detuvo el miércoles en Alicante al periodista español José Martín Santos, Pepe, y a otra persona por su presunta pertenencia a una red que intentó vender por tres millones de euros imágenes, vídeos y documentos personales de los dos últimos años de la estancia del ciberactivista Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, según fuentes judiciales.

Las detenciones de este caso destapado por EL PAÍS fueron ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid. Los arrestados quedaron en libertad con medidas cautelares, según las mismas fuentes.

Las detenciones se producen después de que el fundador de Wikileaks presentara una querella contra los supuestos extorsionadores en la Audiencia Nacional.

Todo arrancó cuando el editor jefe del portal de filtraciones, Kristin Hrafnsson, mantuvo en Madrid el pasado 2 de abril una reunión los presuntos extorsionadores. Pepe y su equipo habían enviado previamente a la organización por correo electrónico ficheros sobre las comunicaciones del abogado de Assange, Baltasar Garzón, con el ciberactivista.

Durante el encuentro, que se celebró en el Hotel Victoria de Madrid, Pepe colocó ante Hrafnsson un ordenador sobre la mesa y contactó con un colaborador en Alicante que abrió por control remoto las carpetas. Hrafnsson descubrió que la organización de Alicante manejaba 103 carpetas con vídeos, audios y correos privados de los abogados y amigos de Assange recibidos durante su estancia en la embajada ecuatoriana.

Los presuntos extorsionadores indicaron al representante de Wikileaks que si la organización no pagaba los tres millones, el material sobre Assange aparecería en los medios de comunicación.

La querella presentada por Assange en la Audiencia Nacional también se dirige contra el personal de la embajada de Ecuador en Londres y miembros de la empresa de seguridad Promsecurity. Se trata de la firma que sustituyó a la española Undercover Global SL en la legación ecuatoriana cuando en 2017 Lenín Moreno accedió a la presidencia de Ecuador y Assange perdió el respaldo de este Gobierno, según los abogados del ciberactivista.

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