Triple A: Después de Álvarez, Fiscalía acusará a 16 procesados más

El abogado Ramiro García dijo que la Fiscalía expuso su dictamen acusatorio en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez la tarde del sábado 14 de junio de 2025, durante la audiencia preparatoria de juicio en el caso Triple A.

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Según el representante legal del alcalde guayaquileño, el Ministerio Público expuso los vínculos de Álvarez, las empresas comercializadoras de combustible de la que es representante y las firmas distribuidoras a las que se vende y se habría reiterado que se compró más combustible del que se podía almacenar. 

Sin embargo, considera que "no se ha demostrado que esas distribuidoras hayan vendido específicamente a personas naturales o jurídicas que estaban prohibidas de vender, con lo que se configuraría la venta ilícita de los combustibles".

Luego de la investigación, la Fiscalía procesó a 24 personas en este caso: Álvarez, 15 sospechosos más y seis personas jurídicas (empresas), quienes habrían participado en el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos.

En la jornada del sábado, el fiscal concluyó su acusación en contra de cinco personas y Álvarez, por lo que aún debe individualizar los elementos de convicción en contra de los demás 16 procesados.

Audiencia se reinstalará luego de una semana

La Fiscalía informó que la exposición se retomará el próximo viernes 20 de junio, a las 09:00. En inicio estaba previsto que la diligencia continúe este domingo 15, pero el juez anunció una nueva fecha.

Álvarez acudió el sábado al segundo día de la audiencia. Su abogado contó que el alcalde procesado quería estar presente en el inicio de la diligencia y escuchar la acusación de la Fiscalía. García estima que el funcionario regresará a Quito y "estará cuando nos toque hacer nuestro alegato de defensa", que podría realizarse el próximo domingo 22 de junio..

El defensor de Álvarez aseguró que mantendrá la misma línea de enfrentar la acusación de la Fiscalía y no evadirla. Indicó que la venta de combustibles se realiza "bajo un sistema riguroso, controlado", que la compra del combustible se hizo para reponer stock y aseguró que el alcalde no es representante de todas las empresas procesadas.

La investigación de la Fiscalía señala que varias de las estaciones "que adquirieron el combustible se encuentran en zonas fronterizas y mineras, por lo cual, se presume que el diésel subsidiado habría sido desviado a otros segmentos".

En la diligencia del viernes, la Fiscalía continuará con la exposición y luego de la intervención de las defensas, el juez decidirá si llama a juicio o no al alcalde, así como a los otros 15 acusadas y a las empresas procesadas por la venta ilegal de combustibles. Ese delito está tipificado en el artículo 264 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con una pena de hasta cinco años de cárcel.

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