Derechos Humanos

Ante la reciente noticia de la quiebra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el anuncio de que para fines del próximo mes tendrá que despedir a gran parte de su personal, con el riesgo de afectar importantemente las medidas para la protección de los derechos humanos en la región, creo necesario hacer algunos comentarios.

Nuestro continente enfrenta un sinnúmero de circunstancias en las cuales los ciudadanos pueden ver violentados, por parte de los Estados, sus derechos humanos, afectando su dignidad o irrespetando los que la Constitución y los tratados internacionales de la materia han consagrado a su favor. Cuando esto ocurre ¿qué opción tienen los afectados de América Latina y el Caribe? Tienen la posibilidad de recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos a fin de conseguir una protección contra los abusos o excesos del poder, según el caso. Este sistema está compuesto por la Comisión y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que trabajan conjuntamente. La Comisión se encarga de los procesos de investigación y vigilancia de los derechos humanos en la región; y luego de ello, de ser el caso, ante denuncias concretas, la Corte se encarga de su juzgamiento.

Hasta ahora la Comisión ha recibido parte de su financiamiento de la OEA, de Estados Unidos y de Europa. La reasignación del aporte que realizaba esta última a la Comisión (la contribución ha sido destinada a otros temas), constituye un factor determinante que pone en evidencia la crisis.

Además, esto deja de relieve lo que siempre se ha dicho: los principales obligados a realizar aportes al Sistema deben ser los países que son sus suscriptores, es decir América Latina y el Caribe. Puede ser que algunos Estados que son parte del Sistema no se sientan cómodos en él, porque es innegable que un régimen internacional de derechos humanos va a reñir con el poder de los Estados cuando este se ejerce con fuerza hacia los ciudadanos; pero ese es precisamente el sistema de control al que se adhirieron y al que los ciudadanos tenemos derecho. Cada Estado debe garantizarnos la posibilidad de su ejercicio.

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