Denuncias sin eco ni sanciones

No es grato escuchar cada día nuevas revelaciones sobre actos de corrupción de diversa índole, cometidos durante la década infame. Cabe sí reconocer que la relativa independencia de las funciones de control y las amplias garantías de que goza actualmente la libertad de expresión, contribuyen a que los delitos no permanezcan, como hasta hace poco, escondidos al conocimiento de los ciudadanos.

Sin embargo, aunque parezca manifestación de un permanente deseo de mostrar inconformidad, el publicitar nuevas denuncias no aporta nada a la lucha contra la corrupción si no satisface simultáneamente la consecuente investigación y el sancionar, si es del caso, a quienes cometieron diverso género de ilícitos.

Ocurre todavía y es lamentable: una nueva denuncia sirve sobre todo para hacer olvidar a las anteriores, pero muy pocas o ninguna de ellas, recibe el tratamiento generado por una actividad mínima deseable de la justicia.

Así, el propio presidente presentó denuncias en su informe de labores correspondiente al primer año de gestión. Hasta donde ha sido posible conocer no han sido sometidas a la correspondiente investigación, ni por la Fiscalía ni por la Asamblea Legislativa, donde se dieron a conocer a toda la nación.

Otras, que motivaron sanciones a los medios de comunicación que se arriesgaron a realizarlas, tampoco han sido objeto de la judicialización requerida y hoy son parte del eterno letargo en que permanecen muchos procesos legales, o están incorporadas a la amnesia colectiva que parece afectar a muchos de los protagonistas del gobierno anterior.

La situación llega a extremos inaceptables cuando la denuncia no únicamente se deja de lado y no tiene eco en las autoridades correspondientes, sino que motiva amenazas de los involucrados en ellas contra quienes cumplieron la obligación constitucional de efectuarlas, en ánimo de contribuir a la erradicación de esa plaga de nuestros días que es el manejo deshonesto del patrimonio público.

Es de esperar que con las reestructuraciones a que está procediendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, las denuncias pasen de ser motivos para la indignación colectiva a constituirse en certeza de la recta administración de justicia, único camino para superar la impunidad, estímulo mayor de la corrupción.