A la instrucción por presunto tráfico de influencias en contra de dos vocales del Consejo de la Judicatura por el caso de la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, le quedan menos de dos meses.

La defensa de Maribel Barreno y Juan José Morillo apuntan al testimonio de la testigo protegida de la Fiscalía que grabó la reunión en la que se habría cometido el delito.

Las diligencias buscan verificar si el testimonio anticipado es confiable o no. Para eso han solicitado que un perito psicólogo le haga un test de credibilidad. 

También cuestionan la cadena de custodia del dispositivo en el que estuvo el audio de la cita porque sospechan que antes de llegar a la Fiscalía se habrían sacado copias del audio para entregar a un periodista de un portal digital y a otros. Creen que la grabación habría sido difundida, alterada, modificada y mutilada antes de ser entregada.

En uno de los impulsos la Fiscalía dispuso que un perito realice la exploración y explotación de los registros de sistema y eventos del celular entre el 2 de junio de 2022 al 24 de abril de 2023 sobre “la creación, eliminación y/o transferencia de grabación de audio de fecha 2 de junio de 2022”.

Además, la fecha y hora exacta de la grabación y que señalen si el archivo de audio fue transferido a otros equipos por cualquier medio, incluyendo redes sociales y mensajería del teléfono.