Saltan las alertas. El Ministerio de Gobierno y el de Defensa del país señalaron que “en el mando actual” de las Fuerzas Armadas “no tienen ningún general en servicio activo cuya visa haya sido retirada por Estados Unidos”. Esto después de que el embajador norteamericano Michael Fitzpatrick, expresó su preocupación por “la penetración del narcotráfico en las fuerzas del orden”.

En una entrevista dada al portal Primicias, el diplomático estadounidense enfatizó que avanzan los procesos multilaterales como el intercambio de información entre las naciones, capacitaciones y procesos en materia judicial y política, que parten de investigaciones criminales multinacionales.

A pesar de que el Gobierno ecuatoriano dice que no se le ha retirado la visa a los altos mandos por el tema de los “narco generales”, señaló en un comunicado que los ministerios de Defensa y de Gobierno ya pidieron al embajador la información relacionada para que “de manera inmediata” sea puesta en conocimiento de las instituciones pertinentes para las investigaciones del caso.

No obstante, Fitzpatrick enfatizó que se están investigando este y otros casos como los relacionados a Petroecuador, compras públicas en el sector de salud que incluye a jueces, abogados, funcionarios públicos o privados.

“Cuando tenemos evidencia e información contundente en estos casos estamos quitando visas. Y colaborando en los casos que tienen nexos con EE. UU. sea en lo financiero o en otras acciones tomadas en nuestro país”, reiteró el diplomático.

Ramiro García, subdecano de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, cuestionó el señalamiento del diplomático y enfatizó que el término de    ‘narco generales’ apunta directamente a “oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía con grado de general, que trabajan para el narco”, posteó en su red social.

Estados Unidos tiene acuerdos con el país para el fortalecimiento de la “capacidad institucional de la República de Ecuador” con el objetivo de controlar la producción y el tráfico de droga en el territorio.

El 14 de julio pasado, Estados Unidos asignó $ 5,8 millones. Así también se conformó la “Unidad Selecta Especializada de Lavado de Activos”. Esta comisión es para la capacitación, equipamiento y funcionamiento de una sala desde agosto de 2021. Mientras que en áreas de vigilancia, existe un programa de inspección aeromarítima para la localización de buques dedicados al narcotráfico, “actividades marítimas ilícitas conexas en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, Armada ecuatoriana y la Policía Nacional.

Desde el 24 de mayo se han ejecutado 14 operaciones de seguridad entre Ecuador y Estados Unidos.