El Decreto 16 quiere ser ley

Más control. Alianza PAIS (AP) quiere transformar el Decreto 016 en una ley para registrar a las organizaciones sociales.

Ese decreto presidencial, emitido en 2013, señala que toda agrupación social, fundación o corporación debe inscribirse en el Sistema de Información de las Organizaciones Sociales.

Lo mismo propone el proyecto de Código del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social. Esta es una iniciativa de la presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y asambleísta oficialista, Jhoanna Cedeño.

Las organizaciones sociales miran con recelo la propuesta porque, según dicen, el alcance del decreto puso en peligro a las entidades de la sociedad civil. Para la oposición, una ley sería aún más dañina.

El legislador independiente e integrante de la Comisión de Participación Ciudadana, Luis Tapia, dijo a este Diario que la iniciativa no es buena para las organizaciones. “Significa un mayor control para ellas a través de una ley. Lo que deberían hacer es desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana”, comentó.

Para el legislador de CREO, Henry Llanes, el texto es un proyecto coercitivo para ejercer un mayor control sobre las agrupaciones sociales. Es, agregó, limitar el espacio de libertad. “Quieren evitar opiniones y protestas contra el Gobierno. Eso debilitará al máximo a esas agrupaciones”.

Pero la autodenominada revolución ciudadana mira la situación diferente. Sus representantes dicen que la norma en estudio organiza y regulariza la vida jurídica de las organizaciones para que se beneficien de las políticas públicas.

Ese criterio no es compartido entre los principales afectados. En 2014, por ejemplo, se presentaron tres demandas de inconstitucionalidad contra el Decreto 16 ante la Corte Constitucional. La Confederación de Comerciantes Minoristas (Cucomitae), la Ecuarunari y Fundamedios fueron los demandantes. La última estuvo a punto de disolverse por un supuesto incumplimiento al escrito emitido por el presidente saliente Rafael Correa.

Pachamama no corrió con la misma suerte. El colectivo ambientalista y defensor de los derechos indígenas fue disuelto bajo el amparo del texto presidencial.

Las organizaciones

Mujeres

“El Código del Sistema de Participación Ciudadana coartará la libertad de las organizaciones y las desmovilizará. La organización de mujeres políticas no estamos en el registro del Gobierno. Nos costaba 4.000 y no tenemos dinero”, dijo Francisca Morejón, presidenta de la Red de Mujeres Políticas de Ecuador.

Indígenas

“Los indígenas rechazamos el Decreto 016, criminaliza la lucha social y a los dirigentes. Sería muy grave que se convierta en ley, habría un mayor control. Ahora, hay miles de organizaciones que no han sido reconocidas. Esto empeorará con la norma”, dijo Delfín Tenesaca, presidente de organizaciones de Chimborazo.

Trabajadores

El presidente del Frente Popular, Nelson Erazo, dijo que no aceptarán una ley del Decreto 016. “Empeorará la situación de las organizaciones sociales. Además, es contraria a los convenios internacionales sobre el trabajo y a los derechos humanos. La OIT dijo que Ecuador debe garantizar la libre organización de los trabajadores”.