La jueza Irene Pérez declaró la validez procesal en el caso de posible peculado contra 10 sospechosos de las posibles irregularidades en la compra de bonos con pacto de recompra del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) por más de 210 millones de dólares.

La jueza desestimó los vicios de procedimiento y pedidos de nulidad solicitados por los defensores de los sospechosos quienes alegaban posibles vulneraciones de derechos como el de defensa o imparcialidad.

La audiencia preparatoria de juicio se reinstaló cerca de las 10:00 en el piso 11 del Complejo Judicial Norte de Quito.

Tras resolver los pedidos de aclaración de al menos dos defensores la jueza dio paso a la exposición del dictamen por parte del fiscal Alex Castillo. Sin embargo, el fiscal solicitó una suspensión de la diligencia hasta revisar el expediente que había sido investigado por el fiscal Martín Navarrete.

Pérez convocó para el próximo 27 de febrero la reinstalación de la diligencia en la que el fiscal presentará la acusación para los sospechosos del posible ilícito en el que están involucrados dos altos exdirectivos del seguro policial. Según el director del Isspol, Renato Gónzalez, por las posibles irregularidades en las inversiones de alrededor de 800 millones de los fondos de pensionistas y afiliados del Isspol se han abierto alrededor de 20 expedientes en Quito y Guayaquil pero ninguno de los dos ha llegado a juicio. La mayoría sigue en investigación previa y otros en instrucción fiscal. Por este mismo tema el lunes en Guayaquil se reinstalará la audiencia preparatoria de juicio por el caso Decevale.