Con el arresto de Pedro Delgado Campaña en Florida, Estados Unidos envía un mensaje: “Quienes tengan problemas con la justicia ecuatoriana no podrán estar tranquilos”. Ese es el criterio de Diego Núñez, docente de Derecho del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), y también el de Michael Fitzpatrick, embajador de dicha nación norteamericana en Ecuador.

El junio de 2020, el diplomático anunció que su país investigaría a los acusados de corrupción y que se tomarían acciones legales. “No queremos ladrones ni su plata en mi país”.

A Delgado, la justicia norteamericana decidió no renovarle la visa. Por ello su estatus migratorio es irregular y, a través de esa vía, podría ser deportado al país, si un juez de migración falla en su contra.

“Estados Unidos ha decidido enfrentarse indirectamente con los temas de corrupción a través de esta herramienta, que es el retiro del visado, lo que permite devolver a estas personas acusadas de ilícitos a sus países de origen”, manifestó Núñez.

Hasta ayer, ni la Cancillería ni el Ministerio de Gobierno habían sido notificados oficialmente del arresto del expresidente del Directorio del Banco Central, ni tampoco sobre el resultado de una audiencia en Florida en la que se dirimiría sobre su estatus legal migratorio.

En Ecuador, en cambio, Delgado tiene órdenes de prisión vigentes por dos sentencias. Una es por peculado, en el caso Cofiec, y la segunda por enriquecimiento ilícito. Además, es requerido por haber usado un título falso de economista para acceder a cargos públicos en el régimen de su primo, el expresidente Rafael Correa.

Estos no son los únicos procesos penales. Contra Delgado existen 11 expedientes en la Fiscalía. La mayoría se relaciona con la gestión del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad, creado por Correa para manejar las empresas incautadas a Filanbanco y otras entidades.

Las investigaciones son por posible peculado, un delito que no prescribe, y cuentan con informes de la Contraloría que señalan irregularidades en el manejo de $ 278 millones.

El mismo Delgado ha reconocido públicamente, como lo hiciera con su título, que hubo malos manejos en 20.000 activos. “Cientos de miles de bienes fueron entregados a funcionarios, amigos y asociaciones de Alianza (PAIS)”, afirmó en uno de sus videos, que fue difundido en su hoy clausurada cuanta de Twitter.

Para el prefecto Cléver Jiménez, quien lo ha denunciado desde 2011, “el caso más grave que cometió es que las empresas incautadas fueron desaparecidas, en su administración. Debe responderle al país”.