Termina el año y es el momento para que las autoridades de control hagan balance del 2017 y planifiquen sus propósitos para 2018. Hace seis meses, ya con el cambio de Gobierno en firme, el contador de nuevos proyectos anticorrupción estaba en cero y la Asamblea Nacional aprobó una resolución con siete iniciativas que guiasen la lucha contra las malas prácticas y el caso Odebrecht. Pero no se han completado todas.

La resolución apoyaba su contenido en la obligación de la institución legislativa, recogida en el artículo 120.9 de la Constitución, de “fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social y los otros órganos del poder público y requerir a los servidores y servidoras públicos las informaciones que considere necesarias”. Por eso, con una investigación por la trama de Odebrecht que iniciaba con detenciones y allanamientos apenas cuatro días antes, y un nuevo cuerpo legislativo con mayor presencia opositora, el Pleno requería la presencia del fiscal de forma regular para dar cuenta de los avances en el proceso. Y además, se sumaba a la tarea.

Uno de los artículos, aún sin completar, planeaba que siete asambleístas, de todas las bancadas, acompañaran los avances en la instrucción fiscal y viajaran a Brasil, Estados Unidos y España para conocer de primera mano la información sobre la contaminación de Odebrecht a la función pública.

Otro de los pendientes -aunque ya iniciado- es la presentación de reformas legales que prevengan y dificulten los actos irregulares y premien su denuncia. Ya hay proyectos en la Asamblea, pero aún no se han concretado.

Las siete propuestas y su cumplimiento

Asamblea en Brasil y EE.UU.

El primer artículo de la resolución disponía que una delegación de la Asamblea viajaría a Brasil, EE. UU., y después se añadió España, a recabar información sobre Odebrecht. La iniciativa se aplazó -y aún no se ejecuta- hasta que Fiscalía compartiese datos ya recibidos. La delegación contaba con Soledad Buendía, Verónica Arias, María José Carrión y Doris Soliz (PAIS), Luis Fernando Torres (PSC), Patricio Donoso (CREO) y Wilma Andrade (ID).

Fiscal General del Estado

“Convocar al fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, a que comparezca inmediatamente y las veces que sean necesarias ante la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, a fin de que informe el estado de la investigación y las acciones emprendidas sobre el caso Odebrecht”. El fiscal cumplió y ha comparecido ante la Asamblea, entre otras, a los 10 días de la resolución y al finalizar el juicio a Glas.

Celeridad Judicial

“Demandar la celeridad en las investigaciones y la apertura de procesos contra todas las personas naturales y personas jurídicas, públicas o privadas, presuntamente implicadas en actos de corrupción en el caso Odebrecht, desde el año 1987 que opera en el país y en todos los niveles de Gobierno”. El juicio por asociación ilícita contra Jorge Glas, entre otros, ya terminó. Y se han abierto decenas de procesos. No más allá de la última década.

Reparación Odebrecht

“Exigir a Odebrecht la reparación integral de los daños y perjuicios causados al Estado ecuatoriano y proceder a su posterior expulsión”. Aún no se ha recibido ningún monto en concepto de reparación, pero se han impuesto sanciones económicas y se ha procesado a la constructora como persona jurídica por defraudación tributaria. En cuanto a la expulsión, la empresa comunicó su salida del Metro de Quito, que era el último a su cargo.

Contralor General

“Convocar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a comparecer ante la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional del Ecuador, a fin de que informe acerca del concurso para elegir al contralor general del Estado y de las acciones que impulsa para combatir la corrupción”. El contralor subrogante Pablo Celi ha sido convocado por la Asamblea, pero el cargo aún no ha sido renovado.

Juicio político a Pólit

“Iniciar el proceso para el juicio político en contra de Carlos Pólit, excontralor general del Estado, de acuerdo a la Constitución y la ley”. Pólit, prófugo de la Justicia, por su vinculación al caso Odebrecht no ha podido ser enjuiciado por asociación ilícita. A inicios de julio, un mes después de la resolución, la autoridad fue censurada en la Asamblea con el voto a favor de 132 legisladores y una abstención.

Reformas legales y declaratoria de muerte civil

“La Asamblea Nacional tramitará reformas legales para fortalecer mecanismos de prevención y sanción para evitar y sancionar actos de corrupción, tales como: prohibición de contratar con empresas involucradas en actos ilícitos, creación de incentivos (...) para denunciar (...) y establecer la declaratoria de muerte civil para los funcionarios”. Este último punto depende de la consulta popular del 4 de febrero. La Fiscalía ha llevado a la Asamblea una propuesta para reformar el Código Penal y aprobar una ley de extinción de dominio.