La nueva mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) presiona para que esta misma semana se reanude la sesión permanente en la que se tratará la revisión de los reglamentos para designar titulares en siete instituciones estatales, entre ellas la Contraloría General del Estado y para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Sin embargo, hasta ayer esa posibilidad se veía lejana, porque retomar la reunión también implicaría volver a tratar el pedido del consejero Francisco Bravo Macías para debatir una posible remoción de la presidenta Sofía Almeida, que hasta ayer se amparaba en una decisión judicial, pero esta fue revocada en horas de la tarde.

“Eso tiene trabada la continuación de los concursos y, al parecer, así se mantendrá por un buen tiempo hasta que desde la presidencia del Consejo encuentren una forma de abordar lo de los cambios en los reglamentos, pero sin tocar el tema de la salida de Almeida”, dijo un asesor de la entidad que pidió la reserva.

Han pasado casi dos semanas desde que la última sesión a cargo del vicepresidente David Rosero, luego de la apelación a la presidencia de Almeida, fuera frenada. Rosero, quien es aliado de la presidenta, la ha suspendido en dos ocasiones y hasta ayer no había indicios de que llamaría a su reanudación. De él depende ahora el tratamiento de estos temas.

EXPRESO buscó la reacción de Almeida ante la posibilidad de perder la titularidad del CPCCS, pero una persona de su entorno señaló que, por ahora, no se referirá al tema y que legalmente se respaldarían en las medidas cautelares que le otorgó, la semana pasada, una jueza de Samborondón que suspendió provisionalmente todos los actos del pleno en los que se pretenda tratar sobre la remoción “por no estar dentro de sus competencias”.

Sin embargo, el consejero Hernán Ulloa presentó una acción de protección en contra de Almeida y la jueza del cantón Samborondón Larissa Ibarra decidió revocar las medidas cautelares que le favorecían al considerar que eran innecesarias. Con esto, se abre nuevamente la posibilidad de debatir la remoción de la presidenta del CPCCS.

De esta forma, el tema saltó al ámbito legal, similar a lo que sucedió en proceso de remoción del ahora exalcalde de Quito, Jorge Yunda, que acudió a la justicia para pedir medidas cautelares y evitar que el Concejo Metropolitano ejecute la resolución de remoción. Solo una decisión de la Corte Constitucional puso fin a esa administración.

Asamblea

El bloque de Pachakutik hará oficial hoy el pedido de juicio político en contra de los consejeros Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo y María Fernanda Rivadeneira. Los legisladores Salvador Maita y Mireya Pazmiño aseguran contar con las firmas de respaldo para el proceso de fiscalización.

Virtualidad

La nueva mayoría del CPCCS exige que se retomen las actividades presenciales en el organismo para poner un alto a los problemas tecnológicos y el cierre de micrófonos que atribuyen a Almeida. Sin embargo, la presidenta volvió a extender, el viernes pasado, el teletrabajo hasta el 20 de febrero.