Otro debate a puerta cerrada
Dos ausentes. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Julio César Trujillo, y el contralor, Pablo Celi, no acudieron a la convocatoria de la Comisión Parlamentaria.
La Ley Orgánica de la Función Legislativa ordena que las sesiones de las comisiones parlamentarias sean públicas. Sin embargo, la de Derechos Colectivos se reúne a puerta cerrada. Su presidente, el oficialista Jorge Corozo, ha decidido que las reformas a la Ley de Comunicación se debaten mejor en secreto. Así consigue evitar, por lo menos, que salga a la luz la virulencia de algunas discusiones, como la de este miércoles. Ese día los miembros de la Comisión emplearon cinco intensas horas para reformar cinco artículos. “Se jalaron de los pelos”, describió un asesor que habló con este Diario. Entrada la tarde, las puertas se abrieron para permitir el ingreso de los medios y para recibir en comisión general al relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Édison Lanza. Cosa curiosa: Lanza expone sus recomendaciones en público y luego la Comisión se encierra para ver qué hace con ellas en privado.
-Estamos avanzando y estamos en buen camino -suelta Corozo a los periodistas que aguardan en el pasillo, impedidos de entrar.
-¿Con sesiones a puerta cerrada? -dispara uno de ellos a quemarropa.
-¡Como tiene que ser! -improvisa contra todo sentido común el presidente.
Luego se supo que la Comisión logró, ese día, superar algunos de los puntos que Corozo llama “nudos críticos”: se abolió la figura del linchamiento mediático; se eliminó la larga retahíla de definiciones sobre verificación, contrastación, precisión y contextualización que consta en el artículo 22 de la ley vigente; se dejó sin efecto la “responsabilidad solidaria” de los medios frente a contenidos que no sean informativos (es decir que no se podrá aplicar cuando se trate de entrevistas o, como en el caso de Emilio Palacio y diario El Universo, artículos de opinión).
La situación de los correístas (José Chalá, Marcela Holguín y Carmen García) es en principio difícil en esta Comisión, pues todo el debate tiene como punto de partida la convicción de que la ley que ellos defendieron durante años es violatoria de derechos y alejada de los estándares internacionales. Sin embargo, mientras las sesiones se desarrollen a puerta cerrada, será difícil discernir cuánto de ese espíritu correísta sobrevivirá en la nueva ley. Para prevenir de ese peligro a la Comisión estuvo aquí Édison Lanza. La reciente adscripción de los correístas al club de amigos de la CIDH le facilitó las cosas.
Lanza celebró los avances en materia de derechos contenidos en el proyecto de ley enviado por el presidente Lenín Moreno. “Pero hay cosas -dijo- que aún no están alineadas con los estándares internacionales”.
Las enumeró rápidamente: Que la comunicación es un derecho y no un servicio público, pues la naturaleza del servicio público implica controles por parte del Estado. Que la búsqueda de la calidad y la veracidad de la información no puede darse mediante condicionamientos previos. Que los códigos deontológicos de los medios tienen que ser públicos, pero no dictados por la ley, pues cada medio debe ser libre de establecer sus criterios propios. Que el derecho a la réplica no puede dar lugar a la imposición de contenidos. Que la reserva de la información proveniente de las indagaciones judiciales se aplica exclusivamente a los jueces, no a los medios. Que la difusión de informaciones de interés público no puede estar sujeta a responsabilidades ulteriores. Que la reserva del 33 por ciento de las frecuencias para los medios públicos es un exceso. Que la profesionalización es algo que la ley puede y debe promover, pero no imponer como requisito para ejercer el periodismo.
“Yo soy periodista y no tengo título -se puso como ejemplo el relator-. Más aún, el señor Rafael Correa está trabajando como periodista y no tiene título, lo mismo que grandes periodistas latinoamericanos, como García Márquez”. En efecto, la Ley de Comunicación del correísmo habría prohibido a un premio Nobel publicar sus artículos en los periódicos del país.
Todo lo entregó Lanza por escrito, en un extenso documento que contiene un análisis de los estándares internacionales aplicables para cada caso conflictivo de la ley. La pregunta es si esos criterios prevalecerán. Mientras la Comisión continúe reuniéndose en secreto, contraviniendo expresas disposiciones legales, nadie lo sabrá.
En la Comisión
12 proyectos de reformas
La Comisión de Derechos Colectivos ha recibido 12 proyectos de reformas a la Ley de Comunicación, incluido el del presidente Lenín Moreno. Este miércoles, la asambleísta Wilma Andrade, de Izquierda Democrática, presentó el suyo, un proyecto al que ha titulado ‘Chao Supercom’. Mantiene un organismo rector administrativo y disminuye las sanciones.
