El pleno de la Comisión de Fiscalización continuó con la sustanciación del pedido de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, acusada de incumplimiento de funciones por los asambleístas Lourdes Cuesta (independiente), Roberto Gómez (CREO) y Amapola Naranjo (RC).

Justamente los asambleístas fueron recibidos por el organismo en donde sostuvieron sus acusaciones en contra de la funcionaria. Las acusaciones giran en torno a cuatro temas: crisis carcelaria, inseguridad ciudadana, femicidios y el uso indebido de bienes públicos.

El asambleísta de CREO, Roberto Gómez, expuso, en su intervención, una veintena de hechos en contra de la ministra de Gobierno. El asambleísta desglosó los “errores” que ha cometido la funcionaria al frente de esa cartera de Estado y la “ineficacia” que tendría en la dirección que tiene sobre la Policía Nacional.

“La fuga de Fernando Alvarado, el femicidio en Ibarra, no se conoce el paradero de los hackers rusos, la filtración de datos, la inseguridad ciudadana, la fuga de RicardoPatiño luego del aviso de la ministra, la libertad que tiene Ramiro González que había sido detenido en Perú, el secuestro de la capital de la República durante el levantamiento indígena, el abuso de bienes públicos, las bombas lacrimógenas caducadas, los tres ataques a la Contraloría durante el paro, la crisis carcelaria, las seis bombas en la Universidad de Guayaquil, entre otros”, fueron los cuestionamientos que Gómez planteó ante la Comisión.

El legislador concluyó que el perjuicio no solo es económico, sino también de la pérdida de vidas humanas. Alegó que no se han tomado las acciones correspondientes para precautelar la seguridad ciudadana y planteó a la mesa que el juicio pase al pleno para que la funcionaria sea censurada y destituida.

Luego fue el turno de la asambleísta Lourdes Cuesta. Ella empezó sus acusaciones por la crisis carcelaria, de la cual, dijo Romo siempre quiere “desmarcarse” a pesar de que hay muertos. Recordó que hubo tres decretos ejecutivos que encargaban directamente a la funcionaria llevar adelante las acciones necesarias para preservar la vida de los privados de la libertad. En total, hay casi una decena de fallecidos, señaló.

Sin embargo, Cuesta enfocó su acusación en el uso del helicóptero policial por parte de Romo durante el feriado de carnaval. Para la legisladora, la ministra de Gobierno habría cometido peculado por mal uso de bienes públicos al utilizar las aeronaves policiales para trasladarse de Salinas a Esmeraldas-Casa Blanca en el feriado de carnaval.

Posición que fue refrendada por el testimonio del general inspector de la Policía en servicio pasivo, Enrique Espinosa de los Monteros. Afirmó que la secretaria de Estado hizo un uso irregular del helicóptero ambulancia para trasladarse con familiares durante esos días, es decir, que “utilizó la aeronave para fines personales y no laborales”, sentenció.

La ministra María Paula Romo será recibida hoy al mediodía por el pleno de la Comisión de Fiscalización, para que presente sus pruebas de descargo.