Pamela Martínez, Yamil Massuh, William Cooper y María de los Ángeles Duarte, quienes están entre los llamados a juicio por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, solicitaron la revisión de las medidas cautelares que pesan en su contra. Y este sábado 4 de enero, la jueza Daniella Camacho aceptó tres de esos pedidos.

En la audiencia, que se instaló en la Corte Nacional de Justicia pasadas las 10:00, Camacho aceptó el pedido de Martínez, quien buscaba cambiar el sitio de su presentación periódica: ahora en lugar de asistir a la Corte Nacional en Quito, cada martes y jueves, lo hará en la Corte del Guayas.

Previamente su abogado, Adolfo Cadena, argumentó que había complicaciones en los traslados que debía efectuar Martínez —exasesora de Rafael Correa, acusada de coordinar la supuestas aportaciones ilegales de empresas contratistas del Estado a PAIS— al ser una testigo protegida de la Fiscalía.

Para Massuh, la jueza dispuso que se presente máximo hasta el 6 de enero de 2020 en la Corte de Guayas. Su defensor, Francisco Pesántez, había apelado para que se sustituya la prisión de su cliente —quien habría trasladado dinero entregado por Martínez desde Quito a Guayaquil— para que pueda trabajar y mantener a sus dos hijos pequeños. Indicó que él vive con sus padres que son dos personas de la tercera edad y para demostrarlo presentó arraigos que justifican su requerimiento.

A William Cooper, accionista de Azul y otras dos empresas, se le fijó una caución de 300.000 dólares y se dispuso que se presente en la Corte el lunes y jueves.

En noviembre pasado, su abogado, Diego Correa, solicitó que se le asigné el monto de una caución que deje sin efecto la prisión preventiva. Recordó que su cliente, de 72 años, ya tenía una medida real de un millón de dólares, impuesta en el caso ante una eventual reparación integral al Estado.

En el caso de María Duarte, exministra de Transporte y Obras Públicas durante el gobierno de Rafael Correa, dio cinco días de plazo a la Fiscalía para que la exfuncionaria sea revisada por un médico legista que haga la valoración sobre el uso del dispositivo electrónico, pues su abogado aseguró que su uso le ha provocado problemas de salud.

Presentó un certificado médico otorgado por un doctor privado, que recomendaba el retiro del grillete. Alegó que su clienta ha colaborado siempre con la justicia. El certificado, sin embargo, no contaba con el aval del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

La Fiscalía, representada por el subrogante Wilson Toainga, se opuso al pedido de la defensa de Duarte por tratarse de un certificado de un médico privado. En el caso de Cooper reiteró que no se cumplen los requisitos porque el delito se sanciona con entre tres y seis años de cárcel y la ley contempla que se aplicará cuando la pena no supere los cinco años. 

El fiscal no se opuso al pedido de Martínez; mientras que en el caso de Massuh recordó que cuando fue llamado a rendir versión trató de evadir la justicia y salir del país.