Un cuerpo colegiado apático a los ‘shows’ políticos. La misma Corte Constitucional (CC) que rechazó el veto total presentado por el presidente Guillermo Lasso a las reformas que suponían la equiparación de salarios de los maestros, en mayo de 2022, y que resolvió el 23 de enero pasado la destitución de los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por ‘deliberado’ incumplimiento de una sentencia constitucional, ojeará la solicitud ‘remendada’ de juicio político que enviaron, vía correo electrónico, los cuatro asambleístas proponentes del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Un magistrado probo, académico y alejado de los ‘shows’ políticos, según los abogados constitucionalistas y analistas políticos a los que este Diario consultó sobre las posibles inclinaciones ideológicas o políticas que podrían influir en los magistrados a la hora de evaluar la solicitud de fiscalización contra Lasso.

“Esta Corte se ha mostrado distante de la problemática política del país, en general. Más allá de que en algunos casos, por sus competencias jurisdiccionales, ha tenido que zanjar diversas disputas políticas, como el caso de la Alcaldía de Quito, la Consulta Popular y leyes que han sido aprobadas por la Asamblea con impactos en las finanzas públicas”, analiza el abogado constitucionalista Ismael Quintana, quien continuó su diagnóstico señalando que “la Corte, más allá de sus competencias, ha sido muy ajena a la crisis política porque es un órgano de naturaleza jurisdiccional y no tiene por qué estar inmiscuida en estos temas”.

Este cuerpo colegiado está compuesto por nueve jueces. Su presidente, electo en 2022, es Alí Lozada Prado. Según el portal de la Contraloría del Estado, la máxima autoridad, previo a su nombramiento, se ha desempeñado en otros cargos públicos, pero nada que lo relacione con alguna administración o tienda política. Fue parte del staff de docentes de la Universidad Central del Ecuador en 2019 y juez de la Corte desde ese mismo año.

Asimismo, la vicepresidenta de la Corte, Carmen Corral Ponce, quien previo a ser elegida como la segunda al mando en la Corte se desempeñó desde 2019 como jueza constitucional.

Los siete magistrados restantes (4 mujeres y 3 hombres) son Karla Andrade Quevedo; exasesora constitucional en 2015 y jueza en la Corte Constitucional desde 2019; Alejandra Cárdenas Reyes; exanalista en el Ministerio de Salud Pública en 2021 y jueza en la Corte Constitucional desde 2022; Jhoel Escudero Soliz; vicerrector y docente en el Instituto de Altos Estudios Nacionales; Enrique Herrería Bonnet, juez constitucional desde 2019; Teresa Nuques Martínez, docente en la Universidad Central del Ecuador y jueza en la Corte desde 2019; Richard Ortiz Ortiz; exsecretario relator en la Asamblea Nacional en 2014 y exsecretario general en el Tribunal Contencioso Electoral en 2020, y Daniela Salazar Marín, jueza desde 2019 en la Corte y jueza constitucional desde 2022.

Este grupo de jueces de larga trayectoria y hasta formadores de nuevos juristas es para el analista político y abogado constitucionalista Jorge Peñafiel una Corte proba y profesional a la hora de decidir: “La Corte Constitucional es bastante profesional en su manejo. Después de la Corte ‘cervecera’ (anterior) marca una diferencia radical en torno a la argumentación y sustentación jurídica. Sobre todo a la motivación de sus fallos y de sus dimensiones”, señaló Peñafiel, quien continuó su lectura, al referir que “tal vez la Corte coincida con el Gobierno en apoyar la institucionalidad, pero no por tener una cercanía, sino por preferir una agenda institucional y no una de movilizaciones”.

Criterio con el que discrepa Ximena Ron, abogada constitucionalista, quien refirió que, al parecer, la Corte Constitucional “tiene decisiones en las que, más allá del criterio jurídico, parece haber inclinado su balanza a favor del Gobierno, como en los dictámenes de estado de excepción”. Sin embargo, durante su análisis, Ron retrocede en su criterio al considerar que los jueces “han tomado decisiones contrarias a los intereses del Gobierno, como la inconstitucionalidad parcial a la Ley de Reformas Tributarias o la decisión de destitución de los miembros del CPCCS.