En la Corte Nacional de Justicia se reinstaló este martes 15 de junio la audiencia de apelación de la sentencia de 50 meses de pena reducida fijada para el exasambleísta Daniel Mendoza, uno de los condenados por posible delincuencia organizada en el caso Hospital de Pedernales. 

Los jueces Adrián Rojas, Felipe Córdova y Daniella Camacho rechazaron por improcedentes los recursos de apelación presentados por Mendoza y otros procesados quienes buscaban la reducción de la pena y de los montos de la reparación integral de ocho millones de dólares ordenada tras el procedimiento abreviado al que se sometieron. Por unanimidad los jueces confirmaron la condena impuesta a los ocho sentenciados. En ese juicio los sentenciados admitieron su culpa y acordaron la pena que les fue impuesta.

El tribunal se reinstaló al mediodía de este martes. El juez Rojas citó las alegaciones expuestas en la audiencia de apelación. Entre ellas las de Gabriela Moreira quien defiende a Mendoza y su exasesor Jean Benavides. La funcionaria había señalado que sus defendidos se sometieron al procedimiento abreviado y hubo cooperación eficaz con la Fiscalía y por ello debían recibir una reducción de pena de 50 a 34 meses para el exasambleísta condenado como autor y de 34 a 20 meses para Benavides. 

Uno de los razonamientos del juez es que si se vuelve a reducir la pena sería un doble beneficio. Recordó el juez que el delito contempla penas de entre siete a 10 años y de entre cinco y siete años. El juez señaló que en la audiencia presidida por el juez Marco Rodríguez, la pena aplicada fue la sugerida por Fiscalía y acordada con las defensas técnicas.

Ratificó que de parte de los procesados se ha pretendido hacer una interpretación personal. El tribunal dispuso que la Fiscalía siga con las investigaciones de los demás nombres que aparecen en las conversaciones de chat intercambiadas por los procesados del caso. 

En el caso también fue procesado y llamado a juicio el exasambleísta Eliseo Azuero quien está prófugo de la justicia. 

Según la Fiscalía, dos exasambleístas y un exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob) habrían formado parte de una estructura de corrupción que habría operado en el proceso de construcción del Hospital de Pedernales, en Manabí.