Desde las 19:00 de este viernes 5 de junio en la Corte Nacional de Justicia se realiza la formulación de cargos en contra del asambleísta de PAIS Daniel Mendoza y otros por presunta delincuencia organizada. La fiscal Diana Salazar justificó la estructura de delincuencia organizada. Indicó que dentro de la organización se establecen roles y Mendoza, valiéndose de su cargo, coordina las acciones para obtener contratos de obras públicas en Manabí, según informacíon enviada por la Corte.

La fiscal mencionó que es de conocimiento público como se llevan los contratos de construcciones vinculadas a la Salud (hospital de Pedernales).

Salazar evidenció que en los computadores incautados en el Consorcio Pedernales - Manabí se encontraron registros y pagos a funcionarios públicos. En los documentos quedó registrada la entrega dinero a Edmundo Tamayo del Sercob y a Mendoza. La fiscal le dijo al juez Marco Rodríguez que la organización realiza estas actividades de forma reiterada y planificada. Esta clase de hechos se encuentran tipificados en el artículo 369 del COIP. 

Jorge Jalil, Edmundo Tamayo y Franklin Calderón se encontraban en los registros de los pagos realizados por el Consorcio Pedernales - Manabí, encontrados en computadores incautados. Evidenció que Liliana Zambrano y Franklin Calderón intercambiaron chats donde señalan varias veces "que tienen reuniones con Daniel" que Fiscalía presume es el asambleísta Mendoza.

Señaló a Olga Mesías como la encargada de efectivizar los pagos del Consorcio. Además indicó que en los chats materializados se verifica cómo le rinden cuentas a Mendoza. Citó que los chats dicen "de parte del asambleísta Daniel Mendoza". Habló también del hallazgo de grandes cantidades de dinero en manos del asesor del asambleísta. Para la fiscal esos hechos llevan a concluir a Fiscalía que existe un acuerdo y conforman un grupo estructurado cuyo fin último es el beneficio económico y material.

Adicionalmente citó como elementos de convicción memorandos, partes policiales sobre presunta estructura delincuencial, escuchas telefónicas de como concertaban entregas de cheques y dinero. Otro elemento fue el informe de Contraloría con indicios de responsabilidad de varios proyectos de infraestructura en Manabí. Entre ellos la contratación del hospital de Pedernales y la inobservancia de Sercop.

La Fiscalía General del Estado presentó 15 elementos de convicción. Realizó un análisis de por qué solicita la prisión preventiva. Dijo la Fiscal que se busca evitar que los procesados evadan la justicia, tienen un alto riesgo de fuga, es un delito grave contra la administración pública, demuestran la existencia de una organización delictiva, se basa en en Art. 534 Coip.