El segundo proyecto sobre la admisibilidad del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso fue ingresado la tarde de este 29 de marzo a la secretaría de la Corte Constitucional (CC).

Eso no fue suficiente para despejar la incertidumbre. Se esperaba que el presidente del organismo, Alí Lozada, convoque al pleno para votar por la propuesta que elaboró junto al juez Richard Ortiz.

Recién ahí se conocerá si el pleno de la Corte da paso, con seis votos, a la Asamblea Nacional para continuar con el trámite de fiscalización contra el primer mandatario, o si no se consiguieron los apoyos necesarios.

¿Qué pasaría si sucede lo último? Para Hernán Salgado Pesántez, expresidente de la Corte Constitucional, entonces no habría juicio político, “quedaría cortado”, explicó en radio Democracia.

“La ley ya no señala aquello (que haya un nuevo sorteo de juez) y el reglamento tampoco”, agregó el jurista, que dejó el organismo constitucional en febrero de 2022, cuando se produjo la renovación parcial.

El hermetismo de la Corte Constitucional ha provocado una serie de especulaciones en torno al caso. Algunos juristas, por ejemplo, afirmaban que una vez que el proyecto ingresó a secretaría, Lozada tiene 24 horas para llamar a la sesión y luego 48 horas, hasta el viernes, volver a reunirse para votar.

Otros consideraban que el plazo de seis días para tener una postura se extiende hasta pasadas las 18:00 del jueves 30 de marzo. El silencio del área de comunicación de la CC abonó al misterio sobre las acciones de los jueces.

En donde no se guarda silencio es en la Asamblea. La legisladora Wilma Andrade, de una de las facciones de la Izquierda Democrática (ID), dijo que en su momento apoyaron el informe elaborado por la comisión multipartidista con el objetivo de que el presidente aclare las acusaciones sobre una posible trama de corrupción en su administración.

No es lo único. Andrade cree que de darse el juicio político, Lasso podrá ejercer su defensa, pero además revelar los nombres de los asambleístas que lo pudieron haber chantajeado, presionado o pedido ‘favores’ a cambio de sostenerlo en el poder.

Otra aspecto que ha llamado la atención durante este proceso es la cantidad de amicus curiae que se han presentado desde el 25 de marzo pasado, cuando el caso cayó en manos de la jueza Teresa Nuques, cuyo proyecto que sugería la inadmisibilidad del juicio político alcanzó apenas tres votos.

Según el sistema de la Corte Constitucional, cerca de 30 amicus curiae fueron ingresados, la mayoría apoyando el juicio político. Hasta el cierre de esta nota, la presidencia de la Corte no llamaba a votación.