Corte argentina frena el tarifazo de Macri al gas

El presidente argentino Mauricio Macri sufrió un revés de la Corte Suprema de Justicia que le ordenó retrotraer el brusco ajuste en la tarifa de gas defendido por el Gobierno con uñas y dientes para bajar el alto déficit fiscal.

En un fallo unánime, el tribunal ordenó ayer celebrar audiencias públicas con la participación de consumidores, un trámite que el Gobierno de centroderecha se salteó para aplicar aumentos de electricidad, gas, agua y transporte desde 200 % y hasta 2.000 %. Esos aumentos atizaron una inflación que ya supera el 40 % anual.

La suspensión del aumento alcanza solo a los usuarios residenciales, y deja por fuera a comercios y empresas, que con aumentos de 500 % en las facturas de gas, aspiraban también a una revisión.

La Corte le recordó al Gobierno “que para la fijación de tarifas de gas, la audiencia pública es de cumplimiento obligatorio” y recordó al Congreso “la necesidad de cubrir el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación”, vacante hace años.

Las audiencias públicas reúnen a asociaciones de consumidores, representantes del Gobierno y empresas.

El fallo supone un durísimo golpe para el Gobierno de Macri, que esperaba una decisión que diera respaldo político a los aumentos en todos los servicios públicos, decididos bajo el argumento de que las tarifas estaban retrasadas por las políticas de subsidios de la gestión kirchnerista (2003-2015).

El ajuste en las facturas de agua, gas, luz y transporte público se anunció para reducir el déficit fiscal que el Gobierno de Macri estimó en 7 % en 2015.

El miércoles, en una comparecencia ante diputados, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, justificó los aumentos y afirmó que en los últimos 12 años los subsidios a las tarifas fueron de “52.000 millones de dólares en gas y 24.400 millones en luz”. La oposición cuestiona el cálculo en el que se basó el incremento.

El fallo de la Corte especificó que para los usuarios residenciales “las tarifas deben retrotraerse a los valores vigentes previos al aumento dispuesto” desde el 1 de abril pasado.

Desde inicios de año la economía local sufre por la caída de la actividad en sectores clave como construcción e industria, el desplome del consumo, unos 200.000 despidos según sindicatos y el aumento de la pobreza que estudios privados cifran en 34 % de la población.

Con la llegada del invierno austral, en julio, millones de argentinos recibieron las facturas actualizadas con fuertes aumentos y se desató una ola de protestas callejeras.

Cientos de consumidores presentaron amparos en la justicia que avanzó suspendiendo la aplicación de las alzas en luz, gas, agua y transporte.

Las protestas forzaron al Gobierno a revisar el alza y limitar los aumentos aplicados a la tarifa de gas en 400 % para los hogares y 500 % para el sector comercial y pequeñas y medianas empresas.

Pese a todo los reclamos judiciales siguieron y la Cámara Federal de La Plata resolvió en julio suspender el aumento de gas en todo el país. El Gobierno apeló el fallo y ayer la Corte finalmente se expidió ratificando dichos lineamientos.

Otro fallo, que a comienzos de agosto suspendió la aplicación de las alzas de tarifas de electricidad en todo el país, aún está pendiente de resolución.

“Llamar a audiencia pública es lo que el Gobierno tenía que hacer”, dijo Sandra González, de la asociación de consumidores Adecua, al celebrar la decisión de la Corte.

González pidió que el Estado “brinde información sobre lo que se va a debatir, el cuadro tarifario y los incrementos que se planean, para que el consumidor acuda con información adecuada a la audiencia”, que se celebraría en octubre.