Tras escuchar los testimonios de decenas de mujeres que fueron despedidas o bajadas de cargo en el sector público cuando estaban embarazadas o con permiso de maternidad entre 2018 y 2019, la Corte Constitucional reconoce que, frente a la desigualdad que hay entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, era necesario equiparar la balanza y legislar sobre el derecho que tienen las personas a cuidar y ser cuidadas y que ya es garantizado en la Constitución.

La ampliación del período de lactancia y de cuidado, regulación y equiparación del permiso de paternidad con el de maternidad, la creación de normativa sobre el derecho al cuidado para las madres adoptivas, la implementación de lactarios en instituciones públicas y el acceso a centros de cuidado infantil cercanos al trabajo, son algunas de las acciones que deben ser incluidas en un proyecto de reforma de ley que deberá redactar la Defensoría del Pueblo para cumplir con el dictamen de la Corte.

“Pese a que las mujeres gozan de derechos laborales y llegan a puestos jerárquicos superiores, se encuentran con el techo de cristal, es decir, con obstáculos para el acceso o permanencia en estos cargos. Entre las principales barreras están las responsabilidades familiares que tradicionalmente se les asigna, la carga de trabajo no remunerado, el reparto desigual en la distribución de responsabilidades y recursos a través de la práctica institucional, el acoso laboral y los estereotipos de género”, precisa.

Según datos del INEC, las mujeres mayores de 12 años dedican un promedio de 31 horas a la semana a actividades de trabajo no remunerado frente a 11,3 de los hombres. La tarea doméstica es donde se invierte la mayor cantidad de tiempo.

Esta desigualdad, explica la Corte, se intensificó con la llegada de la pandemia, pues además de teletrabajar, las mujeres debían hacerse cargo del cuidado de los hijos o familiares vulnerables, lo que evitaba que pongan toda su atención en sus responsabilidades laborales.

A partir de esta situación y ante el peligro de que la brecha entre hombres y mujeres crezca, la Corte dispone a la Defensoría que, en un plazo de seis meses, presente a la Asamblea el proyecto de reforma para incorporar el derecho al cuidado en el trabajo y le da al Legislativo un año para aprobarlo.

En la sentencia, la Corte exhorta a los ministerios de Salud, Trabajo y Inclusión a trabajar en políticas que permitan implementar espacios de cuidado en los trabajos y realizar campañas de sensibilización. Medidas que ya implementan países de la región.

Para la abogada Maydi Zabala, directora de la Fundación Aequitas, que patrocinó a mujeres cuyos casos fueron analizados por la Corte, esta sentencia permite visibilizar “al fin” la necesidad de que el trabajo de cuidado debe ser compartido y que debe dejar de recaer solo en la mujer.

“A nosotras nos educan para ser buenas madres y ocuparnos de los quehaceres domésticos, mientras que a ellos los educan con la misión de ser proveedor, de salir a buscar el trabajo. Son construcciones sociales que hay que ir rompiendo y equiparar el trabajo de cuidado es uno de los caminos”, menciona.

Nelly Jácome, secretaria del Consejo Nacional de Igualdad de Género, señala que, aunque esta sentencia es emitida con base en casos de cuidado materno, abre camino a plantear reformas más amplias. “Queremos impulsar en la Asamblea que se aborde la tarea del cuidado más allá de con los niños, niñas y durante el periodo de lactancia, pues las mujeres también cuidan a mayores y a enfermos y esa es una responsabilidad que debe asumir toda la familia”, precisa. Es decir, que no solo sean las mujeres las que puedan acceder a permisos para cuidados, sino que se normalice que puedan ser solicitados por cualquier miembro del hogar.

La Corte determina que el Consejo de Igualdad de Género debe realizar un diagnóstico situacional y medir el cumplimiento progresivo del derecho al cuidado, además de orientar al sector público en los cambios que deben hacer para cumplir con lo dispuesto.