El origen de las anomalías está en la ley. Las compras públicas por emergencia carecen de filtros y controles previos que eviten, como se evidencia en la actual crisis sanitaria por el coronavirus, adquisiciones con sobreprecios o direccionadas a un solo proveedor. Todo control puede ser solo posterior a la publicación de la transacción. E incluso en esa fase hay incumplimientos en la mayoría de procesos.

Al ser emergencia y requerirse de atención inmediata, presupone la normativa de Contratación Pública vigente, no se puede perder tiempo en controles previos. El resultado es, entonces, una serie de anomalías y compras que luego deben revisarse en la Fiscalía y la Contraloría General del Estado.

¿Quién es el responsable? Ante la falta de supervisores en la etapa precontractual, el único señalado por cualquier irregularidad es la autoridad máxima de la entidad que contrata. Él o ella conforman una comisión técnica con personal supuestamente experto en compras públicas para definir que se necesita y deciden de forma interna cómo , cuándo y a quién contratar.

Silvana Vallejo, directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), señala que en una compra bajo régimen común, su entidad debe vigilar los procesos precontractuales y constatar que los pliegos no estén direccionados a un solo proveedor o que los precios sean los adecuados en el mercado. En emergencia, por disposición legal vigente desde el gobierno del expresidente Rafael Correa, esa responsabilidad desaparece.

Lo único que puede hacer el Sercop, detalla Vallejo, es exhibir las compras hechas en su portal. Además, envía los procesos para que sean revisados por la Contraloría o la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.

También puede asesorar. En un ejemplo, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos pidió asesoría para la compra de los kits alimenticios que ahora son investigados por sobreprecios y tráfico de influencias. Personal técnico del Sercop dio sus sugerencias pero, al final, el ente que estaba dirigido por Alexandra Ocles tomó otro camino y escogió a su proveedor. Ahora hay un proceso judicial.

La máxima autoridad de las contratantes también tiene una función posterior. Ahí, la mayoría está fallando.

De las 3.486 contrataciones registradas hasta ayer, por más de 111,4 millones de dólares, solo existen 1.529 informes de justificación de la compra. El 43 % del total.

Ese informe es importante para el control porque permite verificar el uso de recursos públicos. Es un respaldo para los contratantes.