Luego de las diversas denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante la emergencia sanitaria a causa del coronavirus, el contralor, Pablo Celi,  dispuso mediante oficio que los servidores públicos actualice su declaración patrimonial jurada. El cumplimiento de esta disposición es obligatorio y deberá realizarse hasta el 30 de junio.

La Contraloría General del Estado efectúa este requerimiento amparada en el inciso tercero, artículo 3, de la Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas, que atribuye al contralor la facultad de solicitar la actualización y presentación de este documento, en cualquier momento del ejercicio del cargo público. Dispone lo siguiente:

“Art. 3.- Obligados a declarar. Están obligadas a presentar la declaración patrimonial jurada las personas comprendidas en el artículo 1 de esta Ley, al iniciar y al finalizar la gestión y a actualizarla cada dos años. Este plazo se contará desde la fecha de presentación de la última declaración patrimonial jurada".

A continuación, la norma añade que los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Unidad de Vigilancia Aduanera, Comisión de Tránsito del Ecuador y Policías Metropolitanas y municipales del país, harán una declaración patrimonial jurada adicional, previa la obtención de ascensos y al momento de su retiro.

Asimismo, el contralor general del Estado podrá solicitar la actualización o la presentación de una nueva declaración patrimonial jurada independientemente de que los funcionarios no hayan finalizado la gestión, para fines de comparación con las anteriores, cuando se realice el examen y confrontación por hechos o denuncias. Incluso, la Contraloría General del Estado podrá solicitar la declaración patrimonial jurada a terceras personas vinculadas con quienes ejerzan o hayan ejercido una función pública, cuando existan graves indicios de testaferrismo.

Este procedimiento se realizará exclusivamente a través de la página web de la Contraloría en la opción servicios en línea. Antes de efectuarlo, cada funcionario deberá suscribir la declaración de responsabilidad por el uso de medios electrónicos e indicar su dirección de domicilio y correo electrónico. Las máximas autoridades, en coordinación con las unidades de talento humano de todos los organismos públicos, deberán verificar el puntual cumplimiento de esta disposición y reportar cualquier novedad a la Contraloría.