Nuevos elementos recabados en medio de la investigación por asociación ilícita llevaron a la Fiscalía a solicitar la reformulación de cargos por delincuencia organizada en contra de los hermanos Abdalá, Jacobo y Michel Bucaram Pulley, Daniel Salcedo y otras 11 personas, procesadas por la venta irregular de insumos médicos a diferentes hospitales de Guayaquil.

En la audiencia, que se instaló ayer, pero que se suspendió al mediodía, la Fiscalía señaló que uno de esos elementos es la existencia de convenios de pago firmados para la adquisición de insumos en los hospitales que van desde 200 mil a 1 millón de dólares y que habrían beneficiado a los integrantes de la presunta organización delictiva.

El Ministerio Público investiga ya por el delito de peculado la firma de otros cinco convenios de pago que se firmaron en el Teodoro Maldonado Carbo en 2018, durante la administración del exgerente Luis Jairala Zunino, quien también está incluido en esta investigación.

La Comisión Nacional Anticorrupción asegura que solo en 2018 se llegaron a firmar 141 convenios de pago de forma irregular en el hospital Teodoro Maldonado Carbo.

Según la Contraloría, estos convenios, que se deben utilizar como un recurso excepcional pues se adjudican “a dedo”, se firmaron sin la autorización debida y ocasionaron un perjuicio al Estado por 11,9 millones de dólares.

La Fiscalía señaló además que los integrantes de esta red se reunieron con personas que tenían la capacidad de autorizar y viabilizar la firma de estos convenios como Jairala Zunino o el exdirector de compras públicas del Teodoro Maldonado Carbo, Jorge Henriques.

Una de las pruebas que tiene para vincularlos a todos es la extracción de información de las bitácoras de seguridad de dos edificios ubicados en el norte de Guayaquil, en las que se registraron el ingreso y salida de vehículos de los investigados. En esos dos departamentos se habrían efectuado las reuniones.

Al inicio de la audiencia, Cristian Romero, defensor de Jacobo Bucaram, señaló que no había sido notificado de la realización de la diligencia y que se había enterado de la realización de la misma por la prensa, por lo que, junto al otro defensor de la familia Bucaram, Alfredo Arboleda, se declararon en resistencia y decidieron abandonar la sala.

“Mal podríamos instalarnos en la audiencia para lo cual no hemos estado preparados. Además, le hemos notificado al juez que ha sido objeto de una demanda de recusación y a pesar de eso ha decidido iniciar una audiencia y no tiene competencias para poder hacerlo”, señaló Romero.

“El juez de instancia no nos ha notificado, está llevando a cabo un derecho penal subterráneo a espaldas del ciudadano del cual recién nos hemos enterado, razón por la cual deberán declarar la nulidad respectiva”, acotó.

Arboleda, por su parte, criticó que no se haya notificado tampoco a la Procuraduría General del Estado para que esté presente en la audiencia, ya que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se presentó como víctima de esta presunta red dentro del proceso. “Hay una presión por parte del Estado para que se instale todo y era un monólogo ahí dentro”, señaló.

Quien sí se quedó en la audiencia fue el defensor de la presentadora de televisión y esposa de Abdalá Bucaram, Gabriela Pazmiño, el abogago Francisco Onofa, pero aseguró que no entiendía por qué ella está vinculada si no hay ninguna prueba en su contra.

“Gabriela Pazmiño no aparece en ninguna fotografía, no aparece en ningún vídeo, en ninguna bitácora, en absolutamente nada. Siguen insistiendo en que tiene un vínculo o relación con personas (con las) que no tiene nada que ver. Existe un coprocesado que nunca fue su asambleísta alterno y existen los oficios de la Asamblea que lo certifican”, sostuvo en referencia a Henriques.

La audiencia se reinstalará este 7 de octubre, a las 9:00, en la Unidad Judicial Penal Norte de Guayaquil.